En el marco del allanamiento realizado a la casa de la presidenta Dina Boluarte, en la madrugada del sábado 30 de marzo, el primer ministro Gustavo Adrianzén y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, expresaron su total respaldo a la mandataria.
En declaraciones a la prensa, Adrianzén calificó las diligencias como «ilegales e inconstitucionales». Asimismo, se mostró confiado en que las investigaciones demostrarán que la jefa de Estado no tiene «ningún tipo de responsabilidad» en el caso Rolex.
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«Consideramos absolutamente desproporcional, injustificada, ilegal e inconstitucional la acción que se ha realizado. La disposición de la presidenta para colaborar con estas investigaciones se manifestó en todo momento», aseguró Adrianzén desde los exteriores de Palacio de Gobierno.
Por su lado, Arana compartió una postura similar. Él argumentó que los allanamientos no son incidentales y solo buscan socavar la democracia y la institucionalidad.
«Esta desproporcionada medida revela un acto que a todas luces no solo es inconstitucional. Nos hace ver que existe un uso indebido de la justicia a través de la Fiscalía y del Poder Judicial, que lo que están haciendo es evidenciar que han politizado la justicia. Evidencian un resquebrajamiento del sistema democrático y la constitucionalidad«, afirmó Arana.
En tanto, miembros del gabinete ministerial también se pronunciaron sobre los allanamientos en el Palacio de Gobierno y en la vivienda de Boluarte en Surquillo. El abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, anunció que la jefa de Estado declarará ante la autoridad competente y luego se dirigirá a los medios de comunicación.
Además, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, usó sus redes sociales para rechazar los allanamientos y aclarar que la mandataria está colaborando con la justicia. Hizo un llamado a las fuerzas políticas para que estén vigilantes ante las diligencias, que, según ella, vulneran el estado de derecho.
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