El ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que la diligencia para desalojar a los manifestantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se realizó de manera prolija, respetando los derechos humanos de los más de cien intervenidos y teniendo “consideración” con los pobladores que llegaron del sur.

En las últimas horas del sábado 21, se registró el desalojo de los manifestantes que pernoctaron por tres días en la casa de estudios. La Policía llegó con un tanque y derrumbó la fachada para ingresar en el recinto universitario.

Respecto a esta intervención policial, el ministro Romero aseguró que “la Policía informó antes de comenzar la operación a la Fiscalía correspondiente vía telefónica”.

Asimismo, aprovechó para responder ante las críticas que recibió el proceder policial al llegar sin fiscales.¿

“Lo primero que hacen antes de intervenir, es que ellos comunican al Ministerio Público. Como es un tema común siempre en el accionar policial comunicar inmediatamente al Ministerio Público, eso es lo que han hecho ellos. La comunicación ha sido telefónica”, aseveró.

En esa misma línea, afirmó que “se ha procedido a la defensa y recuperación del recinto universitario y de toda la comunidad universitaria que se encontraba en el interior”.

Por otro lado, ante los videos de manifestantes que estaban detenido contra el piso y denuncias de uso de bombas lacrimógenas, el ministro recalcó que “la intervención ha sido prolija con respeto a los derechos humanos. Además, según sus declaraciones, se “tuvo consideración con las personas que venían del sur”.

Detenidos

Vicente Romero aseguró que hay, hasta el momento, más de cien intervenidos que están en proceso de identificación y que corresponderá a la fiscalía determinar si procede con la liberación o la denuncia y detención de alguno de los manifestantes.

Respuesta

Al igual que el comunicado publicado por el Ministerio del Interior, Romero reiteró que la policía actuó en respuesta a la carta que recibieron del representante legal de la UNMSM y a pedido de la rectora de esta casa de estudios, Jerí Ramón.

“La intervención fue realizada dentro de la flagrancia delictiva y motivado este requerimiento por la rectora de la universidad por la comisión de los delitos contra el patrimonio en usurpación agravada y contra la paz pública, disturbios y violación del domicilio, además de considerar el estado de emergencia”, manifestó.