Ante nuevas evidencias halladas en la investigación por el uso de cartas fianzas falsas para la ejecución de la obra de mejoramiento del Centro de Salud de Máncora.

El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, a cargo del fiscal provincial Javier López Romaní, realizó una diligencia de incautación en las oficinas del Gobierno Regional de Piura. Tras el hallazgo de nuevas evidencias en torno a una investigación por presuntos actos de corrupción vinculados a la actual gestión regional.

Operativo

El operativo estuvo a cargo del fiscal adjunto José Aurelio Jiménez Moscol, quien con apoyo del personal policial del Departamento Desconcentrado en Delitos contra la Administración Pública de la PNP intervino las oficinas de Abastecimiento y Tesorería de la citada entidad regional; tras encontrarse nuevas evidencias durante la visualización de los celulares de los investigados.

La diligencia se efectuó como parte de la investigación seguida contra exfuncionarios del GORE Piura. Los mismo que se investigan por los delitos de colusión agravada y uso de documentos privados falsos, por la irregular contratación del consorcio MNDC Constructores y Logística S.A.C. para la ejecución de la obra ‘Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud de Máncora’.

Entre los funcionarios del Gobierno Regional de Piura investigados se encuentran: Carlos Andrés Palacios Meza, exgerente de Infraestructura; José Tafur Guibovich; ex miembro del comité de selección; Omar Morales Alvarado, extesorero; Juan Távara Elías, exdirector de Obras; Edwarth Garcés Colupu, exjefe de la Oficina de Abastecimiento; y Richard Gonzáles Alcedo, ex gerente regional de Administración. Además, del representante del Consorcio Constructor MNDC, Godofredo Cardoza.

Según las indagaciones de la fiscalía, en febrero de 2021, el representante de MNDC Constructores y Logística S.A.C. presentó al GORE una carta fianza con el fin de que esta entidad regional transfiera un adelanto equivalente al 10% del total de la obra. Sin embargo, días después de efectuarse el depósito, se evidenció que dicho documento era falso.

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