En los últimos años, la extracción ilícita de oro ha tenido un crecimiento notable en la región de Piura, en especial en zonas de frontera y sierra, intensificando sus efectos ambientales, sociales y económicos. La economista Stephanie Maita advierte que dicha situación ya rebasa lo informal para incorporarse a redes vinculadas al crimen organizado.
Expansión de la minería ilegal de oro en Piura
Según Maita, “la minería ilegal, en particular la minería ilegal de oro, ha crecido de forma alarmante en los últimos años, sobre todo desde la pandemia”, impulsada por una menor presencia estatal y el alza sostenida del precio del oro. En efecto, la región ha registrado casos en provincias como Ayabaca —limítrofe con Ecuador— y Tambogrande, donde las denuncias por este delito se han duplicado.
La región policial de Piura estima que cerca de 900 toneladas de oro extraídas ilegalmente salen de la zona cada año.
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Impactos ambientales, económicos y de seguridad
La actividad minera sin control ha generado contaminación de cuerpos de agua, deforestación y exposición al mercurio. Un estudio reportó que en ciertas zonas del país los niveles de mercurio en el aire fueron hasta 8.000 veces superiores a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Además, Maita señala que este fenómeno “ya no sola afecta directamente a las zonas donde se desarrolla, sino que también ha generado impactos a otras zonas aledañas”.
En el ámbito económico, la minería ilegal incide en la paralización de proyectos formales, restando oportunidades al desarrollo local. Maita advierte que la informalidad se afianza y que el Estado ha tenido una actuación “bastante laxa” por la reducción presupuestaria destinada a su control.
