La carpeta fiscal es reveladora. En esta documentación se señala que el exgerente general del Gobierno Regional de Piura, Jesús Torres Saravia, creó un “Equipo de Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión”. Este no estaba en el organigrama de la entidad. A través de los trabajadores de ese equipo se hacían coordinaciones para presuntamente favorecer a las empresas, a cambio de coimas. Algunos pagos de dinero se hicieron en efectivo en el patio de comidas de los centros comerciales de Piura y Castilla.
La documentación del Ministerio Público indica que Jesús Torres Saravia conformó el mencionado equipo, “que se dedicaba al monitoreo de las obras de mayor envergadura, su labor era de tramitadores y conciliadores entre la entidad y los proveedores, acciones de las cuales no se dejaba constancia, favoreciendo a los contratistas”; entre ellos la obra de mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud de Máncora, en la provincia de Talara.
Asimismo, indica que valiéndose de su condición de gerente general y de la relación de subordinación laboral con sus funcionarios, a través de su asistente Juliana Ballivian, exigió a la oficina de la Dirección de Obras del GORE–Piura para que Carlos Távara Elías (director de Obras) “tramitara” de manera rápida el pago por concepto del adelanto directo por el monto de S/ 3′956,848. Posteriormente, otro pago por concepto de adelanto de materiales a favor del Consorcio Constructor MNDC, beneficiándolo ilegalmente.
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Acuerdo colusorio
En el expediente también señala que se efectuó coordinaciones directas e indirectas con Richard Gonzales Alcedo (jefe de la oficina Regional de Administración) para que los funcionarios de esta área; como el jefe de la oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Edwarth Garcés y Omar Morales (oficina de Tesorería) tramiten y custodien sin observaciones o cuestionamientos las cartas fianzas de fiel cumplimiento. Mismos que iban por concepto de adelanto directo y posteriormente la póliza de caución, adelanto de materiales.
Por lo que, en su calidad de gerente general -señala la carpeta fiscal- tuvo pleno conocimiento de las presuntas irregularidades; mismas que acontecieron desde la etapa perfeccionamiento de contrato y ejecución contractual de la obra. Esto evidenciaba el concierto de los funcionarios dirigidos por su superior jerárquico.
Este se realizaba a través de la creación del “equipo de trabajo” paralelo a la estructura orgánica, por lo que para la Fiscalía se evidencia el acuerdo colusorio entre los funcionarios y el Consorcio MNDC.
Con respecto a Juliana Ballivian Castro, quien formaba parte del “equipo de monitoreo”, en declaración del imputado Juan Carlos Távara, señaló que la asistente de la Gerencia General era quien presionaba y coordinaba para darle trámite al pago por el adelanto directo a favor de del consorcio. Ante la insistencia, sabiendo de que las cartas fianzas carecían de autenticidad, se realizó el desembolso en el más breve plazo.
En centros comerciales
De otro lado, algunos pagos de dinero y reuniones entre funcionarios y representantes del consorcio se hicieron en el patio de comidas de centros comerciales de Piura y Castilla.
Como es el caso de Edgar Baca Palacios (intermediario de los funcionarios y servidores del GORE) y se encuentra prófugo de la justicia. El aspirante a colaborador eficaz dijo que se comunicó por primera vez con Edgar Baca Palacios vía WhatsApp. A él le señaló que le llamaba de parte de Marco Pérez. En la conversación le indicó que el día 22 de febrero tendría que estar en Piura, a las 9 de la mañana, (viajando en la empresa a Montero). Allí tenía que encontrarse con el señor Edgar Baca en el Starbucks del Open Plaza (Miraflores, en el distrito de Castilla).
Mientras que la entrega de sumas de dinero por parte de contratista a favor de Edgar Wilfredo Baca Palacios se realizó en el patio de comidas del Real Plaza, ubicado en la avenida Sánchez Cerro. Allí, Baca Palacios le solicita a Godofredo Cardoza Novoa, representante legal del Consorcio Constructor MNDC, la suma de 10,000 soles; a pesar que no se apersonó, envió a un hombre de confianza para recibir el dinero.
Acciones legales
A cuatro de los involucrados se ha solicitado comparecencia con restricciones; mientras que a otros, prisión preventiva de 18 meses. Tal es el caso de Jesús Torres, Juliana Ballivian y Edgar Baca (prófugo) por representar peligro de fuga y obstrucción en las investigaciones; conforme se advierte en las diligencias que dependan exclusivamente del Ministerio Público, lo que complejiza aún más el proceso.
“Por todo lo expuesto, se solicita que la prisión preventiva tenga una duración de 18 meses la cual se justifica plenamente. Se reitera que, la medida solicitada pretende sujetar a los imputados no solamente durante la investigación preparatoria, sino también durante la etapa intermedia y el juicio oral”, dice el expediente.
Asimismo, declaran compleja la investigación, la misma que tendrá un plazo de ocho meses.
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