Rosa Aguirre, analista principal del Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), explicó las estrategias implementadas por esta institución del Estado para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el Perú.
Según Aguirre, el lavado de activos consiste en dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de actividades ilícitas conocidas como delitos precedentes. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo tiene como objetivo recaudar recursos para actividades terroristas. Ambos delitos están contemplados en el marco penal peruano debido a su impacto negativo en la economía y la seguridad del país.
Ante este panorama, la SBS estableció normas que los sectores económicos clasificados como sujetos obligados deben cumplir. Estos incluyen implementar sistemas de prevención y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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“Una vez que se ha recibido una operación sospechosa, lo que se hace es analizarla. Una vez que se concluye que la operación y la persona que la realizó están vinculadas al lavado de activos, la UIF emite un informe al Ministerio Público. La Fiscalía de la Nación se encargará de formalizar la denuncia en el Poder Judicial”, dijo.
Articulación estatal
Aguirre destacó la importancia del trabajo conjunto entre entidades públicas y privadas para combatir estos delitos. En este contexto, se creó la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), que desarrolla políticas y un plan nacional que también aborda la proliferación de armas de destrucción masiva.
“Son 19 entidades del Estado que conforman la CONTRALAFT, que es presidida por el Ministerio de Justicia. Los principales objetivos de este grupo de trabajo es articular los esfuerzos dirigidos a prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, e implementar el Plan Nacional contra ambos delitos”, explicó.
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