La medida que modifica el el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo es negliente. Esto incrementa la informalidad laboral en el país; la cual se ubica en un 80%. Así lo indicó el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Javier Bereche.

Asimismo, señaló que no se tomó en cuenta al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). A pesar que este integra a las organizaciones sindicales y gremios empresariales más representativos del país, así como a funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y representantes de las organizaciones sociales vinculadas al Sector Trabajo, cuya misión es contribuir permanentemente a la generación y mantenimiento de políticas estables en materia de trabajo, empleo, formación y seguridad social.

Lo cuestiona

Bereche remarcó que se está repitiendo lo que ha pasado con la tercerización laboral. Además, señaló que la norma estaría promoviendo la sindicalización masiva, pues con ella todos pueden formar o integrar un sindicato.

Asimismo, señaló que la norma va en contra de lo establecido en la ley de negociaciones colectivas. Esta señalaba que un trabajador se afilia a un sindicato, el sindicato a federaciones y estas a confederaciones. Pero ahora, un trabajador podrá afiliarse a una confederación sin necesidad de estar en un sindicato.

En tanto, cuestionó que ahora se dispone que, si no se emite resolución en tres días, se da silencio positivo y se permite la huelga. Además, será válida la huelga sin acreditar que está en curso una negociación colectiva.

Observó, también, la prohibición de reemplazar a un trabajador en huelga, coactando el derecho a la libertad de trabajo de aquellos que desean laborar y poniendo en riesgo la continuidad de la actividad empresarial.

Hizo hincapié en que el Gobierno debe impulsar el crecimiento sostenido de nuestra economía que se traduciría en empleo formal de calidad y bienestar social. Sin embargo, una norma antitécnica y populista como el Decreto Supremo No. 014-2022-TR solo ahondaría las desigualdades existentes, al propiciar mayor conflictividad entre empleadores y trabajadores, y condenar al país a la informalidad.

Finalmente, mencionó que sería conveniente para el país que el Congreso de la República derogue el dispositivo que, conforme lo han advertido algunos especialistas, podría ser sometido a una demanda constitucional de acción popular, un proceso judicial de acción de amparo, queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras medidas.

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