La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana solicitó información a la Municipalidad distrital de La Brea–Negritos, Talara, por presuntamente no haber repartido canastas en el mencionado distrito.

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El fiscal provincial Luis Antonio Ramos Rioja llevó a cabo este domingo una videoconferencia para tomar las declaraciones de la autoridad local, así como de los funcionarios municipales.

En la diligencia virtual participaron los abogados de la Procuraduría, Rolando Moreno Rosales y Saida Mariela Torres Cruz; el alcalde de la Municipalidad Distrital de La Brea-Negritos, Roger Genoves Morán; y el gerente municipal Gabriel José Sánchez Cruz.

También estuvieron presentes el gerente de Planeamiento y Presupuesto, Ronald Coronado Chero; la subgerente de Logística, Lourdes Isabel Ojeda Amaya; y la jefa de la Unidad de asesoría jurídica, Angélica Lamadrid Alvarado.

Los testimonios

Los funcionarios de la comuna explicaron que han cumplido todos los procedimientos para la adquisición de las canastas en el marco de la emergencia del COVID-19.

Explicaron que adjudicaron la buena pro al postor Milton Cesar Barba Nole que tenía como plazo para entregar las 1,250 canastas hasta el último sábado 18 de abril; sin embargo, dicho postor incumplió sus obligaciones, por lo que comunicarán de dicha falta al Órgano de Contrataciones para la respectiva sanción.

Ante esta situación, los funcionarios se contactaron con un segundo proveedor para que les pueda abastecer de manera inmediata con los productos de la canasta, manteniendo los precios iniciales y poder distribuir las canastas a partir del martes.

Señalaron que esta situación que se ha presentado escapa de su responsabilidad y que han cumplido con subir la información al sistema de Contraloría. Incluso, informaron, dos funcionarios de dicho órgano contralor estuvieron en la municipalidad el día viernes 17 de abril.

Pedirán información

En esa línea, la Fiscalía Anticorrupción inició la indagación y solicitará la información correspondiente que le permita esclarecer los hechos, manteniéndose en alerta permanente frente a cualquier denuncia ciudadana que reporte el mal uso de los recursos del Estado destinados a atender la emergencia como consecuencia del COVID-19.

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