El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de 48 millones 58,483 soles al Ministerio Público, con el objetivo de reforzar las acciones contra la delincuencia y el crimen organizado. Los fondos provienen de la Reserva de Contingencia del propio MEF y se oficializaron mediante el Decreto Supremo N.º 239-2025-EF.
De acuerdo con la norma, los recursos permitirán financiar los gastos de desplazamiento y diligencias del personal fiscal. Así como las actividades de apoyo a la función fiscal, la participación en audiencias y la operatividad de las fiscalías penales, especializadas y mixtas. Además, se cubrirán los costos de las intervenciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de sus áreas técnicas especializadas.
Nueva asignación para la Reserva de Contingencia
En paralelo, el dispositivo legal autoriza una segunda transferencia de 45 millones 621,426 soles a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, conforme a lo establecido en la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 (Ley N.º 32185). Estos recursos provienen del presupuesto institucional del Ministerio Público.
Únete al canal de WhatsApp
La disposición señala que los titulares de los pliegos involucrados deberán aprobar la desagregación de los fondos dentro de un plazo máximo de cinco días calendario, contados desde la entrada en vigencia del decreto. Asimismo, se advierte que el uso de estos recursos no podrá desviarse hacia fines distintos a los establecidos, bajo responsabilidad administrativa y legal.
Medida busca asegurar capacidad operativa ante coyunturas imprevistas
En los considerandos del decreto, se recuerda que la mencionada disposición de la Ley de Presupuesto 2025 faculta al MEF a efectuar modificaciones presupuestarias a nivel institucional. Esto siempre que se trate de necesidades urgentes o estratégicas.
Del mismo modo, el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440 precisa que la Reserva de Contingencia constituye un crédito presupuestario global destinado a cubrir gastos imprevistos o emergentes que no se consideraron en los presupuestos iniciales de los diferentes sectores del Estado.
Con esta medida, el Gobierno busca garantizar la continuidad operativa del Ministerio Público. Además de fortalecer la capacidad de respuesta frente al incremento de la criminalidad organizada en el país.
