El Gobierno de Dina Boluarte declaró en estado de emergencia a cuatro regiones del Perú, además de algunas provincias y carreteras de la Red Vial Nacional desde este domingo 15 de enero.
A través de un decreto de urgencia publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Ejecutivo declaró en estado de emergencia a las regiones de Cusco, Puno, Lima y Callao por un plazo de 30 días calendario.
Esta disposición entra en vigencia desde este domingo 15 de enero e incluye a las provincias Andahuaylas (Apurímac), Tahuamanu y Tambopata (Madre de Dios) y el distrito de Torata (Moquegua).
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Asimismo, la normativa contempla a cinco carreteras de la Red Vial Nacional, tales como la Panamericana Sur, Panamericana Norte, Corredor Vial Interoceánica y Carretera Central Corredor Vial Sur Apurímac – Cusco.
Inmovilización social obligatoria
Además el Gobierno dispuso inmovilización social obligatoria en Puno por un plazo de 10 días calendario que regirá desde este domingo 15 enero a partir de las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.
De esta manera, los ciudadanos sólo podrán transitar por las vías públicas para abastecerse de alimentos o recibir atención médica urgente o de emergencia. En ese sentido, la atención en boticas y farmacias estará permitida.
Con respecto al personas de salud, saneamiento y agua, pesca, agricultura, vigilancia y seguridad, hoteles, restaurantes, acuicultura y delivery quedan exentos a esta disposición. De igual manera, los trabajadores de energía eléctrica, servicios financieros, funerarios, combustible, gas, asistencia, limpieza, telecomunicaciones y prensa (con credencial).
Por su parte, los conductores de unidades móviles podrán circular durante la inmovilización siempre y cuando porten su pase personal laboral y su DNI.
¿Qué implica el estado de emergencia?
De acuerdo al Decreto Supremo, las personas que se encuentren en las zonas declaradas en emergencia, quedan suspendidos de sus derechos al libre tránsito, reunión, seguridad personal y a la inviolabilidad de domicilio.
Sobre ello, la Policía Nacional del Perú, deberá entregar un informe detallado al ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos. Esto se deberá presentar a los siguientes cinco días hábiles del término de la disposición.
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