El Gobierno publicó un Decreto de Urgencia que autoriza la transferencia de S/240 millones a Petroperú S.A.. Esto con el objetivo de iniciar un proceso de reorganización patrimonial y operativa de la empresa estatal.
Según la norma, los recursos buscan garantizar el abastecimiento de combustibles a nivel nacional, asegurar la continuidad operativa de la petrolera y enfrentar su delicada situación financiera, especialmente en las regiones donde tiene mayor presencia.
La situación financiera que enfrenta Petroperú
La medida responde a un escenario crítico. De acuerdo con información oficial, hasta octubre de 2025 Petroperú acumulaba pérdidas netas por S/1 611 millones. Además, al cierre del año mantenía deudas con proveedores superiores a S/2 569 millones.
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Entre los años 2022 y 2024, la empresa ya recibió apoyo financiero del Estado por S/17 888 millones, un monto que supera el presupuesto anual asignado a sectores como Salud o Educación.
El Ejecutivo sostiene que esta nueva etapa de reorganización permitirá ordenar las finanzas, corregir deficiencias en la gestión y eliminar prácticas consideradas ineficientes dentro de la empresa.
ProInversión liderará el proceso de reorganización
El decreto establece que ProInversión será la entidad encargada de liderar el proceso de promoción de inversión privada, actuando en representación de Petroperú.
Entre sus funciones se incluye:
- Diseñar e implementar mecanismos de reorganización.
- Crear fideicomisos financieros para asegurar que los recursos se destinen al pago de deudas prioritarias y a la operación regular.
- Ejecutar reorganizaciones por bloques patrimoniales, que podrían incluir activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara.
La norma precisa que cualquier proceso de reestructuración deberá respetar los derechos laborales vigentes de los trabajadores.
Plazo de aplicación y supervisión
Las medidas contempladas en el decreto tendrán una vigencia de un año. Durante este periodo, el Poder Ejecutivo realizará un seguimiento permanente del proceso, con el objetivo de restablecer la viabilidad financiera de Petroperú y proteger los intereses del Estado y de los ciudadanos.
El Gobierno sostiene que esta intervención busca asegurar el rol de la empresa en el sistema energético nacional, evitando un impacto en el suministro de combustibles.
