La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el partido Fuerza Popular deberá asumir un costo superior a los S/17 millones si desea acceder a la lista completa de electores de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2021. La agrupación política rechazó el monto y cuestionó las condiciones establecidas para la entrega de la información.
Orden judicial y protección de datos personales
La medida responde a una orden del Poder Judicial del Perú, que declaró fundada una demanda de hábeas data presentada por el partido. El fallo dispone que la ONPE entregue el padrón de votantes, pero excluyendo datos sensibles como fotografías, firmas y huellas dactilares, en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.
Según precisó la entidad electoral, la información solicitada comprende a más de 18,8 millones de ciudadanos que participaron en la segunda vuelta electoral. La entrega se realizará inicialmente en formato digital. Por su parte, la versión física demandará un proceso más prolongado.
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Costo millonario por copias certificadas
El costo de las copias certificadas asciende exactamente a S/17.532.630, monto que deberá ser cubierto por Fuerza Popular en caso opte por acceder al soporte físico completo. La ONPE explicó que esta cifra responde a gastos operativos y al proceso de certificación exigido por ley.
Fuerza Popular rechaza condiciones
En respuesta, Fuerza Popular expresó su desacuerdo con el cobro. Al respecto, consideran que representa una barrera económica para acceder a información de interés público. A través de un pronunciamiento, el partido sostuvo que la transparencia no debería implicar costos elevados para los solicitantes.
Asimismo, la agrupación cuestionó que la información a entregar no incluya todos los elementos originales del padrón electoral. A su juicio, la exclusión de firmas, fotografías y huellas limita la posibilidad de realizar una verificación exhaustiva del proceso electoral.
ONPE defiende cumplimiento legal
Por su parte, la ONPE reiteró que actúa en estricto cumplimiento del mandato judicial y de la legislación vigente. En esa línea, subrayó que la anonimización de los datos busca evitar la exposición de información sensible de los ciudadanos y garantizar el respeto a la privacidad.
