En la noche de este miércoles 23 de setiembre, se hizo público que la Fiscalía archivó el caso de dos jóvenes, identificados como Carlos Gabriel Edgardo Campos Zapata y Alexandra Antonella Porras Inga, quienes murieron tras recibir una descarga eléctrica cuando trabajaban en un local de McDonald’s, en Pueblo Libre, en el 2019.
En la resolución, también se da cuenta que los padres de la fallecida recibieron una transacción extrajudicial por parte de Arcos Dorados, dueña de la cadena de comida rápida.
Bajo los alcances del citado acto jurídico, las personas de Johanna Inga Argote (madre) y Ricardo Porras Urbizagastegui (padre) presentaron los escritos glosados a fojas 856 y 857, donde señalaron que a través de un acuerdo mutuo había arribado a una transacción extrajudicial con Operaciones Arcos Dorados de Perú S.A.C, relacionada al suceso que originó esta investigación; así al haber satisfecho su interés patrimonial solicitan se prescinda su participación en la investigación y el proceso penal, así como se abstengan de continuar notificándolos las diversas disposiciones y citaciones por las cuales se ordena diligencias, ya que no participarán en ellas, y si bien Porras Urbizagastegui ha pretendido ahora desconocer sus alcances, tal pretensión ha sido observada por la parte implicada y fue objeto de pronunciamiento mediante resolución fiscal de la fecha, dejándose a salvo su derecho de hacerlo valer como corresponda”, se lee en el documento fiscal que mostró Canal N.
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José Ocampo, abogado del padre de Alexandra Porras, informó que la transacción económica solo significaba que los progenitores de Alexandra Antonella Porras Inga no participen más en el caso, pero que no daba pie a que el fiscal archive la investigación.
“Nosotros consideramos que esta es una decisión que crea un mal precedente en la historia del Ministerio Público y de la justicia peruana. Las partes involucradas en un evento como el que ha pasado en McDonald’s, de manera independiente y libre, pueden acordar una transacción, un acuerdo reparatorio. Eso no implica que el fiscal vaya a renunciar a su función y deberes constitucionales que es de perseguir el delito y de buscar la verdad. Ambas cosas van por cuerdas separadas porque el fiscal debería, como ha hecho la Policía, arribar a una conclusión de que aquí estamos frente a un ilícito penal por parte de los representantes de McDonald’s. Lamentamos que hayan archivado en ese extremo”, manifestó Ocampo al mencionado medio.
“No es la primera vez que las víctimas llegan a acuerdos con las personas involucradas en hechos como se han denunciado. Evidentemente, si uno lee la resolución, se ve toda la inacción en el sistema de salud y seguridad en relación a los trabajadores. Las pericias hechas en relación a las instalaciones eléctricas desnudan la pobreza de esas instalaciones y del peligro al que estaban expuesto”, añadió.
