Los cinco exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura (GORE Piura) recibieron 18 meses de prisión preventiva por el caso de Cartas Fianzas Falsas. A ellos se les acusa de ser los presuntos autores del delito de colusión agravada en agravio del Estado.
El fiscal José Jiménez Moscol, del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Piura, se encargó de dictar dicha pena a los ex funcionarios.
Sin embargo, Richard Gonzales Alcedo obtuvo comparecencia con restricciones y su liberación previo pago de una caución; extremo que apeló el fiscal.
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Gonzales Alcedo, Edwarth Garcés Colupu, Juan Távara Elías y Omar Morales Alvarado, detenidos en un operativo; así como Carlos Andrés Palacios Meza y José Altiere Tafur Guivin, quienes se encuentran con órdenes de captura; vienen siendo investigados de haber realizado presuntas irregularidades en la contratación del Consorcio Constructor MNDC. Esta empresa debía realizar obras y equipar un establecimiento de salud en Máncora, en la provincia piurana de Talara.
Indicios
El juez anticorrupción Cristhian Azabache Vidal evaluó los indicios que encontró la fiscalía; tales como: que el comité de selección no habría observado los plazos establecidos por la ley; otorgó la buena pro a consorcio que no acreditó línea de crédito; el contrato de obra se firmó el lunes 22 de febrero y no el 19 de febrero de 2021; firma de contrato sin la totalidad de documentación para su perfeccionamiento.
Así como también que, se suscribió contrato con profesional que carece de la experiencia exigida en las bases del procedimiento, se perfeccionó el contrato de obra con información carente de veracidad, presentación y trámite irregular de carta fianza de fiel cumplimiento, entre otros; para otorgar la medida coercitiva.
Logrando la Fiscalía acreditar, con la documentación respectiva, que sí existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con el delito, uno de los presupuestos para otorgar la prisión preventiva.
Los otros presupuestos acreditados fueron que la pena a imponer es mayor a 4 años y que existe peligro procesal, resolviendo el Juzgado declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses contra los investigados, que solicitó la Fiscalía anticorrupción.
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