El contralor general de la República, Nelson Shack, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, suscribieron hoy dos convenios con la finalidad de prevenir la inconducta funcional y el mal uso de los bienes y recursos públicos durante el proceso electoral que se encuentra en curso.
Los acuerdos ayudarán a la implementación de mecanismos de prevención de la inconducta funcional, lucha contra la corrupción y el respeto a la normativa electoral.
Asimismo, contribuirán a difundir e informar a candidatos, autoridades, funcionarios públicos y demás actores electorales sobre las prohibiciones, incompatibilidades y sanciones a las que están sujetos los funcionarios que hacen uso de los bienes y recursos públicos para fines electorales.
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Se establecerán mecanismos de participación y atención a la ciudadanía que denuncien o emitan alertas de posibles inconductas funcionales, las cuales serán investigadas o indagadas con diligencia. Mediante estos convenios se dotarán a ambas entidades de herramientas legales de control y fiscalización, que a su vez repercutirán en transparentar el proceso electoral y en un voto informado.
Tras indicar que “para votar bien necesitamos estar informarnos”, el contralor Nelson Shack sostuvo que en esa línea la Contraloría viene impulsando y adoptando acciones preventivas como la publicación de todos los informes de control y el reporte de funcionarios y servidores públicos sancionados en el portal institucional www.contraloría.gob.pe
Por su parte, el presidente del JNE, Víctor Ticona, señaló que actualmente la entidad electoral a su cargo trabaja de manera conjunta con la Contraloría General de la República un proyecto de ley que plantea crear como nueva causal de vacancia la sanción de inhabilitación impuesta por la entidad de control a las autoridades elegidas por voto popular.
Asimismo, se indicó que próximamente se lanzará la campaña “Postula con la tuya”, en la cual se empoderarán a los ciudadanos y servidores públicos en el control y alerta por el buen uso de los bienes y recursos públicos en periodo electoral, impidiendo las malas prácticas que pretendan comprometer a las instituciones, servidores y recursos públicos en actividades o fines electorales.
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