El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Piura logró que el Poder Judicial dictara prisión preventiva para 10 personas implicadas en el caso “Los Sanitarios de la Corrupción”. La medida es por 18 meses y busca garantizar el proceso. Los investigados estarían vinculados a presunta colusión agravada en la licitación, ejecución y equipamiento del Centro de Salud de Huarmaca, en Huancabamba. Entre ellos figuran exfuncionarios regionales y representantes de empresas contratistas.
Investigados y medidas judiciales en el caso “Los Sanitarios de la Corrupción”
Durante una semana de audiencias, el fiscal adjunto provincial José Aurelio Jiménez Moscol presentó pruebas. Estas vinculan a 19 personas con presuntas irregularidades en la licitación, ejecución y equipamiento del Centro de Salud de Huarmaca.
De los 19 investigados, 11 estuvieron detenidos preliminarmente. La Fiscalía pidió prisión preventiva para todos. El Poder Judicial aprobó la medida para 10. Uno deberá cumplir comparecencia con restricciones y pagar una caución de 50 000 soles. El Ministerio Público apeló esta decisión.
Únete al canal de WhatsApp
Los imputados con prisión preventiva incluyen exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura: S.L.Z. y W.V.R., exgerentes de Infraestructura; A.R.P.R., exdirector regional de Construcción; R.J.V., exdirector de Obras; Sh.M.S.R., exdirectora de la Oficina de Programación y Seguimiento de Contratos de Inversión; y D.J.Q.C., jefe de Supervisión.
También figuran representantes de empresas contratistas: M.E.A.T., gerente general de CONSAC; A.E.D.V., representante legal del Consorcio Hospital Piura; W.M.P., especialista en equipo médico; e I.E.G.S.L., gerente de operaciones.
Origen y detalles de la investigación
El caso comenzó por presuntas irregularidades en el contrato del Centro de Salud de Huarmaca. Este contrato incluía la elaboración del expediente técnico, la ejecución de la obra y la puesta en funcionamiento del centro. Además, las investigaciones señalan que los funcionarios habrían favorecido a la empresa contratista mediante la firma irregular de la Adenda N.º 10. Esto permitió pagos indebidos por S/ 815,198.42 por equipamiento médico que todavía no se ha entregado.
Por otra parte, el Juzgado ordenó la captura nacional e internacional de los imputados que aún no se han localizado. La medida busca garantizar su presencia en el proceso y reducir el riesgo de fuga.
VIDEO RECOMENDADO
