La crisis que vive el Perú, tras las protestas y enfrentamientos que a la fecha ha causado la muerte de al menos 40 personas, a raíz del descontento con el actual gobierno de Dina Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones generales, provocó la reacción del gobierno de los Estados Unidos, que respalda una investigación por los fallecimientos de peruanas y peruanos. 

En ese sentido, un portavoz del Departamento de EE.UU. se refirió sobre las 18 muertes, 17 civiles y un policía, ocurridas en último lunes 09 de enero, en la ciudad de Juliaca(Puno) e hizo un llamado a la calma y erradicación de la violencia.

El portavoz invocó a la moderación entre las partes y la erradicación de la violencia.

“Reconocemos el derecho a la protesta pacífica y la expresión de quejas a través de canales democráticos, y hacemos un llamado a la calma, al diálogo y a que todas las partes ejerzan moderación y no violencia”, afirmó un portavoz de Estados Unidos.

Asimismo, el titular del departamento estadounidense promovió “la protección de la propiedad y la libre circulación de personas y bienes”. Del mismo modo, apoyó el “compromiso del gobierno peruano para investigar todas las muertes y garantizar que sus fuerzas de seguridad respeten la ley y el orden, de acuerdo con los derechos humanos y la legislación peruana”.

Acciones del Ministerio Público

El respaldo a la investigación de las muertes, en aras de proteger la seguridad y los derechos fundamentales, por parte de una de las potencias mundiales fue consecuencia de una acción que ya había sido tomada por la Fiscalía.

En ese sentido, en las declaraciones de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aseveró que el Ministerio Público no permitirá que “ninguna muerte quede impune” y ha puesto en valor la apertura de estas investigaciones contra “los altos funcionarios que resulten responsables de todo lo que está ocurriendo”.

La Fiscalía confirmó que la investigación es por “presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”.

Según un comunicado ministerial, la investigación preliminar incluye, además de la presidenta; al primer ministro, Alberto Otárola; al ministro del Interior, Víctor Rojas; al ministro de Defensa, Jorge Chávez.

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