Entregan 500 permisos de pesca a socios de dos cooperativas en Piura

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El Ministerio de la Producción (Produce) realizó hoy la entrega de 500 permisos de pesca a los socios de la Cooperativa Pesquera Jehová Es Mi Pastor, Nada me Faltará y la Cooperativa Pesquera Jehová Rey de Reyes, ubicadas en los centros poblados de La Tortuga y La Islilla, provincia de Paita, Piura.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Javier Atkins, explicó que estos permisos se otorgaron gracias a los programas piloto de fortalecimiento de la pesca artesanal, impulsados por PRODUCE desde el 2016 y que se vienen aplicando, además de los lugares mencionados, en San José (Chiclayo) y Parachique (Piura).

“Con este proceso estamos sumando a más pescadores al ámbito formal favoreciendo el consumo de productos hidrobiológicos. Asimismo, con la asociatividad se busca una mayor eficiencia y rentabilidad para los hombres del mar, generando economías de escala y elevando el bienestar de sus familias”, afirmó.

Atkins indicó que se trata de permisos de pesca individuales otorgados a los socios de las cooperativas pesqueras, que deben ejercer el permiso con sujeción según sus disposiciones estatutarias.

También precisó que las embarcaciones de los pescadores deberán contar con el Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), un nuevo certificado de matrícula y protocolo sanitario.

De igual manera, las cooperativas deberán contar un sistema de registro de capturas en línea conectado a PRODUCE, un sistema de contable y prestar servicios de comercialización a favor de sus socios no menor del 25% de la pesca de los mismos, entre otras condiciones.

Como se sabe, mediante Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE el ministerio estableció disposiciones generales para el fortalecimiento de la pesca artesanal en las cadenas productivas, mejorando la participación de los armadores y de sus trabajadores, con los beneficios de la asociatividad.

Asimismo, este año se publicó el Decreto Supremo N° 003-2018-PRODUCE que modifica la normativa anterior y fortalece el marco jurídico para la implementación de los programas piloto, cuya duración es de cuatro años.

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