En la región Piura existen 3 321 instituciones educativas públicas; sin embargo, una parte importante de estos centros opera sin condiciones básicas garantizadas. De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación del Perú, solo el 27% de colegios cuenta con acceso simultáneo a agua, desagüe y energía eléctrica conectados a la red pública. En consecuencia, cerca de siete de cada diez escuelas funcionan sin todos estos servicios esenciales. Ello, afecta directamente el entorno en el que miles de estudiantes desarrollan sus actividades escolares.
Según explicó Franco Saito, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, la ausencia de servicios básicos limita seriamente la experiencia educativa. Cuando una institución no dispone de agua potable, resulta difícil asegurar condiciones adecuadas de higiene. Además, la falta de alcantarillado incrementa los riesgos sanitarios. Del mismo modo, la carencia de energía eléctrica restringe el uso de herramientas tecnológicas y dificulta una iluminación apropiada en las aulas.
Más de 1 300 colegios presentan riesgo de colapso
A esta situación se suma un problema estructural aún más grave: 1 341 colegios de la región —equivalentes al 40% del total— presentan riesgo de colapso y requieren ser demolidos para dar paso a nuevas infraestructuras. En estas condiciones, los locales escolares resultan particularmente vulnerables ante eventos naturales como sismos o lluvias intensas.
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El escenario genera especial preocupación debido a que Piura enfrenta con frecuencia periodos de precipitaciones fuertes. Sin sistemas de drenaje pluvial adecuados, como sumideros, tuberías o canales que conduzcan el agua, las lluvias pueden acumularse y deteriorar la infraestructura educativa. Un caso reciente ocurrió en 2025 con la institución I.E.I. 890 de Marmas Alto, en la provincia de Ayabaca, que quedó inoperativa tras las intensas precipitaciones y obligó a que los estudiantes continúen sus clases en aulas improvisadas de triplay.
Infraestructura precaria afecta el aprendizaje y la enseñanza
De acuerdo con Saito, estudiar en espacios inseguros o con interrupciones constantes dificulta la concentración de los alumnos, reduce la asistencia regular y limita el aprovechamiento de las clases. Con el tiempo, estas condiciones se traducen en menores niveles de aprendizaje, mayor riesgo de abandono escolar y menos oportunidades educativas y laborales.
La situación se vuelve aún más crítica si se consideran los resultados académicos actuales. Hasta 2024, solo dos de cada diez estudiantes de cuarto grado de primaria alcanzaron niveles satisfactorios en matemáticas, mientras que tres de cada diez lograron ese nivel en comprensión lectora.
Además, organismos internacionales como el Banco Mundial advierten que cuando las escuelas carecen de infraestructura adecuada, también disminuye la satisfacción laboral de los docentes, lo que puede repercutir en la calidad de la enseñanza.
Inversión en infraestructura educativa sigue siendo un desafío
Frente a este panorama, especialistas advierten que la falta de inversión oportuna en infraestructura resiliente incrementa los costos de reconstrucción y limita el desarrollo regional. Por ello, subrayan la necesidad de que las autoridades garanticen escuelas seguras, con servicios operativos y espacios adecuados para la enseñanza.
Para el economista de REDES, asegurar condiciones dignas en las instituciones educativas no solo mejora el proceso de aprendizaje, sino que también constituye una inversión clave para el desarrollo económico y social del país.
