Al menos siete exfuncionarios sancionados con la inhabilitación de la función pública fueron electos como alcaldes y regidores el domingo último durante las elecciones municipales y regionales, según el análisis realizado por Convoca.pe al cruzar las bases de datos de la Contraloría y los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Cinco de ellos tienen sanciones vigentes.
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Se trata de candidatos virtualmente electos en las regiones de Tacna, Junín, Lima, Lambayeque, Puno y Arequipa, a quienes el órgano de control les impuso la referida medida por cometer irregularidades o infracciones “muy graves”, tras un proceso administrativo sancionador.
Es el caso de César Narciso Gallegos, electo como alcalde distrital de Inclán, en la provincia de Tacna, por Alianza para el Progreso (APP). Con la totalidad de las actas procesadas, esta agrupación política obtuvo el 40% de los votos, seguida por Perú Patria Segura con 36.5% de respaldo.
Narciso Gallegos está inhabilitado por la Contraloría hasta marzo de 2019 al determinarse que, como gerente de administración y finanzas en la municipalidad de Ciudad Nueva (Tacna), firmó acuerdos en los pactos colectivos del 2012 y 2013 en los se incluyeron bonificaciones e incrementos irregulares de funcionarios de confianza, lo que contravino las normas sobre negociación colectiva en el sector público.
Por su parte, Julia Jiménez Solórzano fue electa regidora en el distrito de San Ramón, Chanchamayo, con el movimiento regional ‘Sierra y Selva Contigo Junín’ que ganó con el 31.2%. En julio pasado, ella fue sancionada con la inhabilitación hasta julio de 2019.
El órgano de control estableció que Jiménez actuó de forma parcial en favor de un tercero, y en contra de los intereses del Estado, cuando era gerente de servicios públicos de la municipalidad provincial de Chanchamayo, en Junín.
En la región Lima, Juan Lozano Sotil es el virtual alcalde distrital de San Lorenzo de Quinti, en Huarochirí, por Alianza para el Progreso. Consiguió el 49.4% de respaldo electoral, adelante del Partido Aprista que llegó al 26.1%. Este exfuncionario se encuentra inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta febrero de 2022.
Lozano Sotil, como residente de obra del mantenimiento de la carretera Coracora-Yauca —realizada por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho—, fue inhabilitado por cuatro años de la función pública al determinarse que aprobó una ampliación con la contratista incumpliendo las disposiciones legales. Así, causó un perjuicio económico de 95,900 soles al Estado.
Asimismo, en el distrito Olmos, Lambayeque, Javier Roque Antón es regidor electo por Podemos Perú con el 18.7% de los votos, tras procesarse el 100% de las actas. La sanción que le impuso la Contraloría está vigente hasta marzo de 2020.
Roque, en su calidad de asesor legal de la Municipalidad distrital de Olmos, fue inhabilitado de la función pública por otorgar adelantos de dinero a contratistas que presentaron cartas fianza fraudulentas, en procesos de licitación.
En tanto, Wilfredo Quispe Mamani es el virtual alcalde del distrito de Usicayos, en Carabaya (Puno), con la organización política Gestionando obras y oportunidades con liderazgo, quien obtuvo el 40% de votos válidos. Él está impedido de desempeñar cargos en entidades públicas hasta octubre de 2022, pues fue sancionado en su condición de encargado de la Unidad de Tesorería de la municipalidad distrital de Usicayos.
Plazos cumplidos
En otros dos casos de exfuncionarios inhabilitados por la Contraloría y que son virtuales autoridades ediles, el periodo de sus sanciones finalizó entre abril y julio de este año.
En Puno, Richard Charca Rodríguez consiguió la alcaldía del distrito de Caminaca, en Azángaro, con el movimiento Gestionando obras y oportunidades con liderazgo. Ganó con más del 52% de los votos.
Charca Rodríguez, como funcionario de la municipalidad provincial de San Román en Puno, incumplió las disposiciones que regulan el régimen de ingresos, remuneraciones, dietas o beneficios de los funcionarios y servidores públicos. Por esta razón, fue inhabilitado por dos años, sanción que terminó hace tres meses.
sancionados
Las virtuales autoridades electas Richard Charca (Puno), Margarita Facundo (Piura) y Paul Cuadros (Arequipa) estuvieron sancionados hasta hace unos meses. Fotos: JNE
Y en Arequipa, donde Paul Cuadros Portugal fue electo regidor de la provincia de Caylloma por el movimiento Arequipa – Unidos por el Gran Cambio. Con la totalidad de las actas procesadas, esta agrupación regional consiguió el 26.9% de votos superando a Fuerza Arequipeña, que tiene el 22.5%.
En su calidad de jefe del departamento de obras públicas de la Municipalidad distrital de Majes en Arequipa, Paul Cuadros fue inhabilitado durante tres años por ocasionar pérdidas para el Estado al incumplir las disposiciones legales que regulan la función pública. Su inhabilitación concluyó en abril reciente.
Con suspensión
De otro lado, en Piura, Margarita Facundo Aguilar es la virtual regidora del distrito de Castilla, gracias al triunfo del movimiento Región para Todos, que obtuvo casi el 25% de respaldo electoral.
Margarita Facundo estuvo suspendida como funcionaria por 360 días, sanción que se cumplió hasta enero pasado. La Contraloría estableció que en esa misma comuna incumplió las disposiciones legales causando un grave perjuicio al Estado.
Fuentes de la Contraloría indicaron a Convoca.pe que los candidatos que tienen una sanción administrativa vigente, por inhabilitación o suspensión, no podrán ejercer ningún cargo de elección al estar impedidos de asumir una función pública.
En tanto, voceros del Jurado Nacional de Elecciones indicaron a este medio digital que cada caso debería ser evaluado en las respectivas municipalidades y, de ser necesario, luego en el propio máximo ente electoral.
Es posible que el número de sancionados que hayan sido electos como autoridades municipales o regionales aumente conforme finalice el conteo de votos y se procese la totalidad de las actas de votación.
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