El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, confirmó que la posición del Ejecutivo frente al dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas sobre la ampliación de la formalización minera gira en torno a dos puntos que considera innegociables: prolongar por un año la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y evitar el retorno de los mineros previamente excluidos del proceso.
Álvarez señaló que la extensión del Reinfo busca impedir que este registro se convierta en un mecanismo que favorezca a la minería ilegal. Asimismo, recordó que unos 50 mil operadores fueron retirados del sistema por incumplir requisitos, por lo que su reincorporación no está en evaluación.
Aunque resaltó que existe un trabajo coordinado con el Parlamento, advirtió que el Gobierno observará la norma si el dictamen no se ajusta a la propuesta técnica planteada.
Ajustes planteados por el Ejecutivo
En el oficio enviado al Congreso, el Gobierno también propone levantar la suspensión de los procedimientos de exclusión del Reinfo. Esta medida —según precisa— limita la depuración de registros irregulares y afecta la capacidad estatal para contener actividades ligadas a la minería ilegal.
Otro punto subrayado es la aclaración de que la fiscalización ambiental es competencia de los gobiernos regionales, tal como establece la normativa vigente, y no del Ministerio de Energía y Minas.
El documento recomienda además eliminar la disposición que ordena un censo nacional de la pequeña minería y minería artesanal, por tratarse de una acción ya incorporada en la Política Nacional Multisectorial del sector aprobada en 2022.
Cambios adicionales para fortalecer el proceso
El Ejecutivo plantea ajustar la tercera disposición complementaria del dictamen, de modo que la actualización de coordenadas se aplique solo a concesiones colindantes. De esta manera, se evitan intervenciones en áreas alejadas que podrían generar conflictos.
Asimismo, propone incorporar la figura de “titular de una licencia temporal de producción minera” para quienes permanezcan inscritos en el Reinfo. Esto con el objetivo de diferenciarlos de operadores ilegales. A ello, se suma la propuesta de exigir la incorporación de trabajadores en planilla como requisito del proceso de formalización.
Con estos aportes, el Ejecutivo busca que el Congreso cuente con un texto técnicamente sólido que refuerce la formalización. Asimismo, que limite espacios para actividades ilícitas y otorgue seguridad jurídica al sector minero.

