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Foto: El Universo

Un tribunal de Quito (Ecuador) anuló este viernes la regulación del gobierno de exigir pasaportes a los emigrantes venezolanos que entran al país y dio un plazo de 45 días al Ministerio de Exteriores para que presente un plan de contingencia si es que quiere seguir aplicando esa medida.

Así lo decidió la Unidad Judicial Tercera de la Familia, en una audiencia de solicitud de medidas cautelares por parte de la Defensoría del Pueblo contra la exigencia de exigir el pasaporte a los ciudadanos venezolanos.

La Defensoría “aplaude esta decisión que lo que hace es reconocer el derecho de las personas, en este caso el derecho de las personas a emigrar”, dijo tras la audiencia el abogado Ernesto Pazmiño. Y agregó que la jueza Edith Naranjo “fundamentó su decisión en el artículo 1 de las Constitución”, que establece que “Ecuador es un estado de derecho y justicia”.

“Por lo tanto, el Estado y todas sus instituciones tienen un límite en sus decisiones, que son el respeto al derechos humanos”, puntualizó.

La decisión de la Corte se produce a menos de veinticuatro horas de que Perú aplique una medida similar, siguiendo los pasos de Ecuador que la instauró el pasado sábado.

Derechos humanos

La intención del Gobierno ecuatoriano era tener un mayor control sobre la migración de venezolanos, pero su decisión fue contestada por la Defensoría del Pueblo como una violación de los derechos humanos.

“Consideramos que este es un triunfo histórico de la justicia y un triunfo histórico de los derechos humanos”, insistió Pazmiño, para quien la jueza, lo que ha hecho, es “sumarse al pedido y al clamor de Ecuador y del mundo de que se dé una respuesta humanitaria al tema de la migración“, que es un “problema regional”.

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