La Contraloría General, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) del hospital Santa Rosa de Piura, detectó irregularidades en 64 adquisiciones de equipos de protección personal (EPP) por un valor de más de S/ 2 millones.
Por ello, se determinó presunta responsabilidad administrativa y penal de cinco funcionarios.
Como parte de las intervenciones del Megaoperativo de Control en la región Piura y a la emergencia sanitaria por la COVID-19, se emitió y publicó el Informe N° 007-2021-2-5762-SCE; el mismo que ha sido comunicado al director del hospital para que evalúe las recomendaciones formuladas, como disponer el deslinde de responsabilidad administrativa de cinco funcionarios.
Compras de EPP
Entre el 15 de marzo al 31 de diciembre de 2020, se evidenció que las adquisiciones de EPP (mamelucos descartables, mandilones y guantes estériles) se efectuaron sin tomar en cuenta los procedimientos establecidos en la normativa.
Contratos verbales de crédito
El 13 de octubre de 2020, el actual director del hospital Santa Rosa de Piura firmó la resolución directoral N° 258-2020/GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171 que aprueba un reconocimiento de deuda por la adquisición de estos EPP a proveedores. En dicho documento se establece que la Unidad de Logística está autorizada a solicitar los equipos a través de contratos verbales de crédito. Además, se justifica que no se pudo efectuar la contratación conforme a ley por falta de recursos.
Sin embargo, la comisión de control determinó que el hospital sí contaba con presupuesto para estos gastos durante los meses de mayo, agosto y setiembre de 2020. Pese a ello, utilizaron mecanismos o formas de adquisición irregulares sin sustento normativo.
Dicha situación favoreció a 16 proveedores con 64 compras de estos insumos por un valor total de S/ 2 064 333,50. Esto debido a que se seleccionaron de manera verbal y directa, sin establecer condiciones de competencia efectiva, para obtener la propuesta más ventajosa para la entidad.
Además, se contrataron mayores cantidades de las necesitadas según la norma técnica de salud y, parte de estos, fueron pagados a un precio mayor al contratado por otras instituciones hospitalarias, puesto que no se había realizado una indagación del mercado.
Estos hechos fueron generados por la actuación de funcionarios y servidores al no cumplir con cautelar que las adquisiciones se desarrollen conforme a ley. Asimismo, el jefe de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental no cumplió con efectuar sus requerimientos y distribución de los EPP, en observancia de las normas. Tampoco, el jefe de Almacén Central cumplió con realizar el ingreso y distribución de estos productos de acuerdo a los procedimientos.
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