La mañana del día miércoles miembros de fiscalización de la Municipalidad de Castilla y efectivos de la PNP efectuaron un desalojo en el Caserío Miraflores. No obstante, el vicepresidente de la Juveco Miraflores, Edilberto López, aseguró que las autoridades no tenían una orden de desalojo para realizar la operación.
“Es un abuso de autoridad que se está cometiendo, no tienen orden de desalojo, no hay una resolución de ejecución. Hay 59 familias afectadas. El señor alcalde, José Aguilar, señaló que iba a sostener una reunión con nosotros para resolver regularizar la situación, sin embargo, no lo ha hecho”, dijo.
Asimismo, López afirmó que tomaran acciones legales en contra la municipalidad de Castilla por los daños causados a los vecinos. “Quienes salgan responsables tendrán que responder por los daños y prejuicios”, enfatizó.
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Por su parte, otro vecino llamado Oswaldo Navarro señaló que el desalojo obedece a que se llevará a cabo una obra de agua y alcantarillado que lleva estancada desde el año 2017. Según manifestó, algunos vecinos invadieron partes de la vía pública por donde se iban a realizar el proyecto.
“Muchos de los pobladores del caserío han tomado áreas públicas. Tenemos que ser conscientes que nos hemos equivocado y hemos tomado terrenos que no nos pertenecen. A muchos los hemos ayudado para que retiren sus materiales y eviten la destrucción de los mismos. Se les ha dado mucho tiempo para que lo hagan y algunos no han querido”, explicó.
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