El Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura (UNP) ha establecido las fechas para las elecciones complementarias destinadas a elegir al próximo rector de esta prestigiosa casa de estudios. Según lo acordado, los comicios se llevarán a cabo los días 29 y 30 de abril de 2025, marcando un hito en la recuperación institucional tras la crisis que llevó a la renuncia del exrector Santos Leandro Montaño Roalcaba.
Acuerdo unánime para convocar a elecciones
Durante una reunión clave liderada por Néstor Manuel Castillo Burgos, presidente del Comité Electoral, los integrantes tomaron la decisión unánime de convocar a estas elecciones complementarias. La medida responde a la necesidad de garantizar la continuidad administrativa y académica de la UNP tras la vacancia de Montaño Roalcaba, cuya renuncia fue aceptada por la Asamblea Universitaria el pasado 22 de enero.
Además, el Comité designó a Raúl Orlando Castro Quintana para elaborar el Reglamento de las Elecciones Complementarias, documento fundamental que regulará todo el proceso electoral. Este reglamento será revisado y aprobado hoy a las 11 de la mañana durante una nueva sesión del Comité Electoral Universitario, donde también se definirá el cronograma oficial y los formatos requeridos por ley.
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Sesión del Consejo Universitario para aprobar el cronograma
En paralelo, está programada para hoy una sesión del Consejo Universitario, instancia que deberá aprobar el cronograma electoral propuesto. Esta etapa es crucial para garantizar transparencia y legitimidad en el proceso, asegurando que todos los actores involucrados cumplan con los plazos y requisitos establecidos.
Antecedentes de la crisis
La convocatoria a elecciones complementarias surge tras la polémica salida del exrector Santos Montaño, quien presentó su carta de renuncia el 30 de diciembre de 2024. Sin embargo, su caso no solo estuvo marcado por esta dimisión, sino también por un escándalo de corrupción que derivó en una sentencia condenatoria.
El juez Christian Azabache Vidal, de la Corte de Justicia de Piura, lo sentenció por el delito de cohecho pasivo impropio tras ser captado recibiendo una coima de diez mil soles de un proveedor de la universidad. Aunque la pena privativa de libertad de tres años y cuatro meses fue suspendida en su ejecución debido a la terminación anticipada del proceso, este episodio dejó graves repercusiones en la comunidad universitaria.
