La Defensoría del Pueblo ha recomendado a los ministerios del sector y a los organismos reguladores elaborar la normatividad correspondiente para que las facturaciones de los servicios de saneamiento y electricidad sean cobradas dos meses después de la emergencia, en cuotas y sin intereses.

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Esta medida debe adoptarse ante la suspensión de actividades económicas como consecuencia del estado de emergencia decretado para contrarrestar el número de contagios por el COVID-19.

De la misma manera, la entidad señaló que existe un gran número de familias pobres, por lo que en las próximas medidas debe evaluarse la exoneración de pagos de los servicios básicos de agua, electricidad y telecomunicaciones, prestados a aquellas familias en pobreza y pobreza extrema registradas en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Defensoria del Pueblo pide garantizar adecuado abastecimiento de agua.

Abastecimiento de agua

Asimismo, se exhortó a Sedapal y demás empresas prestadoras a supervisar el adecuado
abastecimiento de agua a través de los camiones cisternas que operan, a fin de evitar
costos elevados y abusos contra la población en el contexto de emergencia nacional que
atraviesa nuestro país.

“Las graves circunstancias que afectan la vida y la salud de la población a consecuencia del
brote del COVID-19 exigen que la población realice prácticas habituales de higiene para
prevenir cualquier contagio, lo cual hace necesario que el Estado garantice el abastecimiento de agua potable en condiciones adecuadas de continuidad y calidad”, informa.

Recordó que las empresas prestadoras de servicios públicos, las autoridades municipales y los organismos reguladores están en la obligación de brindar las condiciones de seguridad para resguardar la salud del personal a cargo de la prestación de servicios básicos.

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