Restituir la pena de muerte para los delitos de violación a menores obligaría al Perú a renunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos, sostuvo hoy el titular de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez.
Sin dejar de considerar el sentimiento ciudadano frente a los numerosos casos de violación y la necesidad de que las autoridades tomen medidas para enfrentar estos hechos, Gutiérrez recordó que, en el caso peruano, la Constitución Política de 1979 restringió la pena de muerte al delito de traición a la patria. En consecuencia, el Estado peruano se encuentra impedido de ampliar la pena de muerte a otros supuestos.
Precisó que el retiro del Perú de la Convención en ningún caso se daría de manera inmediata, y que su implementación tomaría cuando menos un año. Asimismo, recordó que en 1994 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-14/94, en la cual señaló que el Perú no podía ampliar los supuestos de pena de muerte.
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Remarcó que un retiro de la Convención dejaría al Perú fuera del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, debido a que no es posible denunciar solo un artículo de la misma. Con ello, se dejaría en una posición de grave vulnerabilidad otros derechos como la integridad, la libertad de expresión, la propiedad, entre otros.
Precisó que, de acuerdo a la experiencia internacional, este tipo de iniciativas no contribuyen a la reducción de estos delitos, y que, por el contrario, su verdadero combate pasa por la no impunidad y la efectiva imposición de severas sanciones penales.
