El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció respecto a la propuesta de restringir el uso de motocicletas entre las 6 p. m. y las 6 a. m., medida planteada en el marco de la lucha contra el incremento de la delincuencia en el país.
Durante una conferencia de prensa, Gutiérrez señaló que la iniciativa pretende equilibrar la seguridad ciudadana con los derechos de quienes usan motocicletas para trabajar, permitiendo la participación activa de la población en su revisión.
Medida se evaluará durante 30 días
El titular de la Defensoría precisó que la restricción se someterá a una evaluación de 30 días. Esto con el objetivo de medir su efectividad y determinar si debe mantenerse o modificarse.
Si bien reconoció que las motocicletas constituyen una herramienta fundamental de transporte y sustento económico para muchas personas, advirtió que estos vehículos son aprovechados por delincuentes debido a su facilidad para escapar rápidamente, incluso por vías de difícil acceso.
Objetivo: combatir delitos vinculados al uso de motos
Gutiérrez destacó que esta medida excepcional apunta a frenar delitos como el sicariato, la extorsión y el robo agravado, crímenes que frecuentemente se cometen utilizando motocicletas y armas de fuego.
Entre los puntos considerados en la propuesta, también se contempla que las motos sean unipersonales. Esto quiere decir, que solo se permita la circulación de una persona por vehículo, como medida preventiva adicional.
Medidas temporales en un contexto de emergencia
El defensor aclaró que estas restricciones no deben considerarse permanentes, sino medidas extraordinarias adoptadas en un contexto donde el estado de emergencia vigente no consigue reducir los índices de criminalidad.
Asimismo, propuso que estas acciones vayan acompañadas de tecnología que permita rastrear y dar trazabilidad a los vehículos involucrados en delitos. Ello con el fin de mejorar la respuesta de las autoridades.
Finalmente, Gutiérrez sostuvo que la Defensoría del Pueblo respalda la implementación de acciones que prioricen la vida, la seguridad y la dignidad humana. Eso, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Perú.