El Poder Ejecutivo oficializó la denominación del año 2026 como el “Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia”, medida que se aplicará en toda la documentación oficial del Estado y que se enmarca en los lineamientos de la Política General de Gobierno 2025-2026.
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Decreto Supremo 011-2026-PCM y denominación del año 2026
La disposición se encuentra establecida en el Decreto Supremo N° 011-2026-PCM, publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Según la norma, durante todo el año 2026 la frase “Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia” deberá consignarse de manera obligatoria en los documentos oficiales de las entidades públicas.
Asimismo, el decreto señala que el Ministerio de Cultura, mediante Resolución Ministerial, será el encargado de aprobar la traducción oficial de la denominación del año a las lenguas indígenas u originarias que correspondan. Estas versiones se utilizarán en distritos, provincias y departamentos donde dichas lenguas predominen, de acuerdo con lo establecido en el Mapa Etnolingüístico del Perú.
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Política General de Gobierno 2025-2026 y transición democrática
En la parte considerativa del decreto se menciona el Decreto Supremo N° 141-2025-PCM, mediante el cual se aprueba la Política General de Gobierno 2025-2026: Transición Democrática y Reconciliación Nacional. Este documento define como Eje 3 la garantía de una transición democrática ordenada y el fortalecimiento de la institucionalidad.
Entre los lineamientos asociados a este eje se encuentran la promoción de condiciones para la realización de elecciones generales, el respeto a la libertad de prensa, así como la defensa de la institucionalidad y la autonomía de los organismos electorales. También se incluye el avance hacia un Estado moderno, predecible y confiable, con reglas claras y políticas públicas basadas en evidencia.
Lineamientos sobre institucionalidad, diálogo y lucha contra la corrupción
La norma también hace referencia a otros lineamientos que orientan la acción del gobierno durante el mandato presidencial. Entre ellos se contempla la rendición de cuentas al término del gobierno de manera transparente, la mejora de la concertación y de los espacios de diálogo entre los poderes del Estado, el sector privado, los actores políticos, sociales y la ciudadanía.
Del mismo modo, se destaca el fortalecimiento de la integridad pública y de la lucha contra la corrupción en todas las entidades del Estado, como parte de los objetivos vinculados al fortalecimiento del sistema democrático y del orden constitucional.
