La manera en que el Estado gestiona y fiscaliza sus decisiones tiene efectos que trascienden lo administrativo y alcanzan el terreno político y electoral. Así lo advirtió Guillermo Chang Chuyes, profesor de la Facultad de Derecho de la UDEP. El profesional alertó que las deficiencias en el control estatal debilitan la confianza ciudadana en las instituciones y en los procesos electorales.
Incumplimiento de normas
Durante el III conversatorio con periodistas “Hablemos sobre temas electorales”, organizado por la UDEP, el especialista señaló que el problema no radica en la falta de reglas, sino en su inadecuada aplicación. Según explicó, el país cuenta con un marco normativo suficiente, pero este no siempre se cumple de manera efectiva. Esto genera desconfianza en la ciudadanía.
Actos administrativos bajo cuestionamiento
Chang Chuyes puso especial énfasis en la importancia del acto administrativo. El especialista precisó que toda decisión del Estado debe estar debidamente sustentada. No obstante, advirtió que en la práctica existen fallas que ponen en duda la legalidad y transparencia de estas acciones.
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Asimismo, remarcó que la ausencia de control abre espacio a errores e incluso a posibles irregularidades, lo que puede derivar en un uso ineficiente o indebido de los recursos públicos.
Impacto en la confianza electoral
El especialista sostuvo que estas deficiencias no solo tienen implicancias legales, sino que también influyen directamente en la percepción de los electores. En contextos electorales, la ciudadanía tiende a evaluar a los candidatos en función del desempeño del Estado, por lo que antecedentes de mala gestión o débil fiscalización afectan la credibilidad de las propuestas políticas.
Fortalecer el control y las sanciones
Frente a este escenario, Chang Chuyes enfatizó la necesidad de reforzar los mecanismos de control y garantizar el cumplimiento efectivo de las normas como condición clave para recuperar la confianza ciudadana.
En esa línea, destacó el rol del derecho sancionador como herramienta fundamental para corregir conductas inadecuadas y prevenir su repetición. “No basta con conocer la ley, también es necesario aplicarla correctamente”, puntualizó, al subrayar que un sistema de sanciones eficiente contribuye a mejorar la calidad de la gestión pública.
