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La mañana de jueves 17 de noviembre, el Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se presentó ante el Parlamento para presentar una cuestión de confianza para lograr la aprobación de un proyecto de ley que busca derogar la Ley 31399.

Asimismo, esta iniciativa pretende regular varios aspectos involucrados en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano (Ley 26300)

¿Qué es la Ley 31399?

Esta norma dispone que las reformas constitucionales totales o parciales, ordenanzas municipales, temas de descentralización y aprobación de norma con rango de ley, no puedan ser sometidas a referéndum.

Por ello, el Ejecutivo sustenta que estas acciones afectan el derecho de toma de decisiones en la población peruana con respecto a la política nacional. Asimismo, expresa que, al disponer que la convocatoria a referéndum la realice el Presidente por disposición del Congreso, esta se contradice al artículo 206 de la “Carta Magna”.

Por lo mencionado, Torres ante el Congreso oficializó la intención del Ejecutivo de derogar la Ley 31399 y modificar los artículos 40 y 44 de la Ley 26300.

De esta manera, el Ejecutivo propone en su proyecto que la convocatoria a referéndum la realice la autoridad electoral. Esto en un plazo menor a 4 meses de presentarse y acreditarse las iniciativas.

Además, plantean que los temas correspondientes a derechos fundamentales de las personas, tratados internacionales de vigor y normas de carácter tributario y presupuestal, no sean motivo de referéndum. Estos señalados en el artículo 32 de la Constitución.

¿Por qué quieren derogarla?

Aníbal Torres fue el encargado de justificar la intención de derogatoria. Al respeto, indicó que buscan reparar la desnaturalización que causó la ley en el derecho de la ciudadanía a la participación directa.

“(La ley) establece una valla arbitraria que no se encuentra en la Constitución. […] Los representantes no pueden ir por encima del representado (el pueblo)]”, expresó públicamente.

La cuestión de confianza del proyecto presentado se ampara en la sentencia del Tribunal Constitucional que previamente reconoció como válido, permitiendo que el Ejecutivo pueda buscar respaldo político en el Congreso para las políticas que su gestión necesita desarrollar.

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