La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó una denuncia constitucional que propone la inhabilitación de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por un período de 10 años, basándose en presuntas violaciones constitucionales. Este movimiento ha generado un intenso debate sobre la interpretación de la ley y el papel de la JNJ en el sistema judicial peruano.
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¿Cuáles son las acusaciones del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia?
Según la denuncia constitucional, los miembros de la JNJ habrían flexibilizado la interpretación de la Constitución para permitir la permanencia de Luz Inés Tello Valcárcel en el organismo, a pesar de superar el límite de edad establecido, que oscila entre los 45 y los 75 años. Esta acción se considera una infracción, ya que el requisito de edad es fundamental para ocupar un cargo en la JNJ.
Además, se argumenta que los magistrados de la JNJ solicitaron una opinión a Servir para interpretar el límite de edad de 75 años, así como el mandato de cinco años para ejercer el cargo, prerrogativa que solo corresponde al Tribunal Constitucional (TC), según se afirma en la denuncia.
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¿Cuál es la respuesta del Congreso?
La Comisión Permanente, tras aprobar el informe que recomienda la remoción e inhabilitación de los miembros de la JNJ por una década, ha designado una subcomisión acusadora para presentar el informe y las acusaciones ante el Pleno del Congreso. Esta etapa marca el desarrollo de un proceso político crucial que definirá el futuro de la JNJ y sus integrantes.
En este contexto, se designó a Lady Camones y Esdras Medina como los responsables de exponer el informe que propone la inhabilitación de los miembros de la JNJ por 10 años, así como las acusaciones constitucionales correspondientes. La suspensión temporal de la sesión parlamentaria anticipa un debate intenso y determinante sobre la validez de las acciones de la JNJ y el cumplimiento de la Constitución.
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