El sistema penitenciario peruano enfrenta una profunda crisis marcada por deficiencias estructurales, falta de personal capacitado y corrupción interna, según advirtieron exautoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La situación se ha agravado tras la confirmación de una tercera fuga de internos en lo que va del año.
El caso más reciente involucra a un interno de Maranguita. Este logró escapar de un centro penitenciario aún no especificado oficialmente. El hecho se suma a la fuga ocurrida en enero en el penal de Piura y a la del 22 de abril, cuando un ciudadano venezolano evadió la seguridad del penal de Lurigancho trepando un muro perimétrico.
Este último incidente generó una crisis institucional que desembocó en la solicitud de renuncia del jefe del INPE, Javier Llaque, cuyo reemplazo aún no se anuncia.
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Alertas desde la gestión penitenciaria
Para los exjefes del INPE, Rosa Amaro y Leonardo Caparrós, las fugas no son eventos aislados, sino manifestaciones de un sistema colapsado. Caparrós advirtió que los problemas abarcan desde la clasificación de internos hasta la gestión de inteligencia, la falta de presupuesto y la logística deficiente.
“Ni el presidente ni el ministro de Justicia tienen hoy la capacidad para revertir esta situación”, afirmó, señalando la necesidad de una intervención directa desde el más alto nivel del Ejecutivo.
Por su parte, Amaro calificó el estado actual como “una bomba de tiempo”. Él destacó la escasez de operadores penitenciarios capacitados, la falta de especialización y los indicios de corrupción interna.
Acción política y panorama crítico
En el Congreso, los legisladores Diego Bazán y Norma Yarrow han promovido una moción de censura contra el ministro de Justicia, Eduardo Arana, acusándolo de inacción ante la seguidilla de fugas. La moción ya cuenta con veinte firmas, de las treinta y tres necesarias para su presentación formal.
Actualmente, el sistema penitenciario alberga a más de 96 mil internos, a pesar de estar diseñado para poco más de 40 mil. Las condiciones de hacinamiento, el deterioro de la infraestructura, la escasa tecnología para vigilancia y la limitada capacidad de respuesta agravan la vulnerabilidad del sistema.
La falta de un nuevo jefe del INPE profundiza la incertidumbre. Mientras las autoridades aún no han delineado una estrategia clara para contener futuras evasiones o reforzar la seguridad en los penales.
Con tres fugas en menos de cinco meses, la crisis penitenciaria enciende las alertas en todos los niveles del Estado.
