La Contraloría General inició el operativo de control “Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública” con la finalidad de examinar la información de cerca de 6000 funcionarios públicos de libre designación y remoción que ocupan actualmente cargos alrededor de 500 entidades de gobiernos regionales y locales (municipalidades provinciales y distritales).
El operativo tiene como fin supervisar que el acceso y ejercicio de la función pública de directivos se realice cautelando la idoneidad para garantizar el cumplimiento de los fines que la entidad y el país buscan alcanzar, en beneficio de la ciudadanía.
Como se conoce, en el Estado peruano se encuentra vigente la Ley N° 31419 “Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funciones y directivos de libre designación y remoción” y su reglamento, bajo dicho contexto normativo se designan a los directivos públicos, que resultan ser servidores civiles que desarrollan funciones relativas a la planeación, dirección, organización y evaluación de una entidad, órgano o forma de organización.
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En el operativo las comisiones de control en las entidades públicas a nivel nacional, verificarán el cumplimiento de los requisitos, impedimentos y porcentajes establecidos por la citada norma, su reglamento, los documentos de gestión de la entidad y otras disposiciones relacionadas.
Para el caso de los gobiernos regionales, se examinará la información de funcionarios o directivos públicos de segundo y tercer nivel organizacional, como gerentes de órganos de línea y órganos de administración interna y subgerentes de unidades orgánicas, y en el caso de los gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales), se están considerando los directivos públicos de segundo nivel organizacional, es decir, gerentes de órganos de línea y órganos de administración interna.
Despliegue de auditores
Asimismo, a nivel de la Contraloría General, se desplegará la participación de 1400 auditores aproximadamente, que conformarán comisiones para acreditarse ante los gobiernos regionales, así como municipalidades provinciales y distritales.
Finalmente, como resultado de este operativo, los titulares de las entidades públicas incluidas en el presente operativo, así como la Presidencia del Consejo de Ministros y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) recibirán informes de Visita de Control señalando las situaciones adversas y las recomendaciones identificadas.
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