La Contraloría General anunció que iniciará un servicio de control posterior a la obra del tramo II de las defensas ribereñas del río Piura. Ello, tras haber notado que las 34 situaciones adversas que dio a conocer al Gobierno Regional no han sido corregidas, prueba de ello, son las grietas que han aparecido en la millonaria obra y que pondrían en riesgo a la población piurana.

14 informes de control son los que, desde el 2018, la institución emitió sobre la obra llamada “Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones de la ciudad de Piura y Castilla entre el puente Cáceres y el futuro puente Integración”. Esta tiene como finalidad evitar un desborde del río Piura, tal como ocurrió el 27 de marzo de 2017.

Actualmente, una comisión de auditores viene recopilando información sobre lo ocurrido el último 20 de abril y evalúa las acciones de la entidad para iniciar un servicio de control posterior.

Frente a esta situación, la gerente regional de Control de Piura, Mariela Huerta Vereau, dio a conocer su compromiso de ejecutar en el breve plazo dicho servicio de control posterior, ya que es preocupación de la institución que las obras ejecutadas cumplan su finalidad.

Irregularidades

Huerta Vereau resaltó que en el marco del Megaoperativo Regional de Control en Piura, en el año 2021, la Contraloría hizo una auditoría de cumplimiento al contrato inicial de esta obra. En esta, se identificó responsabilidad penal, civil y/o administrativa en 23 funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Regional de Piura por sobrevaloración de precios y otras irregularidades, que provocaron un perjuicio económico de S/ 5 255 581.50.

El servicio de control posterior que se realizará este año comprenderá la ejecución del saldo de obra. Los trabajos fueron entregados en diciembre pasado y en enero de este año se efectuó la liquidación respectiva. Para la ejecución del saldo de obra se identificaron siete situaciones adversas aún no subsanadas.

Deficiencias en los trabajos

Entre las situaciones advertidas se encuentra la ejecución de trabajos sin considerar lo establecido en las especificaciones del expediente técnico, lo cual podría afectar la vida útil de la obra y con ello la finalidad pública del proyecto.

Según un informe de la Contraloría, se verificó en las visitas realizadas que la losa antisocavante presenta en su parte superior un terminado tipo trapezoidal y no se encuentra uniforme como se establece en el expediente. Además, se advirtió que los lados perimétricos de las losas de protección y la unión de sus vértices no están alineados.

Asimismo, se constató que la mezcla del asfalto más arena gruesa, colocada en las losas de protección, se desmorona con mucha facilidad al tacto, a pesar de que tenía varias semanas colocadas; entre otras cosas.

Obra debió culminar en el 2020

Un equipo de auditores de la Gerencia Regional de Control de Piura hizo el acompañamiento desde la elaboración del expediente técnico, cuyo contrato inicial se firmó hace seis años. Recién en octubre de 2019 se inició la ejecución de los trabajos y debían culminar el 30 de abril de 2020, pero por la declaratoria de emergencia por la pandemia de la covid-19 se prolongó la fecha hasta noviembre de ese año.

Hacia finales de 2020, la obra tenía una avance de ejecución de apenas el 45.15%, por lo que el Gobierno Regional de Piura resolvió el contrato. En marzo de 2021, empezó la ejecución del saldo de obra y se fijó como fecha de término el 12 de enero de 2022. Sin embargo, la entidad aprobó una suspensión y seis ampliaciones de plazo que llevó a la recepción hasta el 14 de diciembre pasado.

Cabe mencionar, que el proyecto contemplaba la rehabilitación de las defensas dañadas en el río, reposición de tablestacas falladas y losas de revestimiento en talud, revestimiento de la margen izquierda con talud de concreto incluyendo el hincado de tablestacas y la colocación de una capa antisocavante flexible denominada cable concreto.

Según el expediente, estos trabajos permitirán reducir la rugosidad del río, lo que permitirá reducir la vulnerabilidad de toda la infraestructura incrementando la protección ribereña para un caudal de 3900 m3/s.

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