En el lanzamiento del Observatorio Nacional Anticorrupción, por primera vez, la Contraloría General presentó el Índice de Corrupción e Inconducta funcional (INCO) 2021, evaluación que muestra el desempeño de entidades estatales con respecto al nivel de transparencia, rendición de cuentas y comisión de actos irregulares.
Los resultados de esta investigación dieron a conocer que 9 de las 10 entidades evaluadas presentan problemas de corrupción e inconducta funcional. Esto quiere decir que dan positivo a dos o más indicadores de indicadores de negligencia, falta de rendición de cuentas, uso irregular del cargo público, contratación de familiares de autoridades, perjuicio económico al Estado o impunidad.
Del total de entidades que se estudiaron, 187 se encuentran en niveles altos o muy altos en lo que respecta a corrupción. Las provincias que encabezan el ranking con mayores índices son Maynas en Loreto (74.8), Callao (69.2), Piura (68), Tacna (65.9) y Arequipa (65.8).
Para realiza este estudio, se empeló diversas fuentes de información pública de entidades como Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Dentro de esta evaluación se establecieron los niveles de la corrupción e inconducta funcional tanto por ámbito geográfico como institucional.
Importancia de INCO en la lucha contra la corrupción
INCO es una de las primeras herramientas analíticas del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría que busca convertirse en una plataforma nacional y oficial de información. Según el contralor Nelson Shack, la importancia de este informe es que permitirá contar con una radiografía sobre la situación de los riesgos de la corrupción y la inconducta funcional en el sector público.
“Es la primera vez que hay un esfuerzo institucional, científico y sistematizado que no usa datos de percepción, sino datos puros de más de 10 bases de datos”, declaró el contralor.
La evaluación realizada en por la Contraloría reveló que los indicadores de daño patrimonial y procesos de contrataciones son aquellos que presentan una mayor problemática. Asimismo, las entidades con un alto índice de corrupción se encuentran aquellas que forman parte de los sectores Transporte, Educación, Salud e Interior.
En ese sentido, la implementación de INCO contribuirá a favorecer la mejora en la toma de decisiones por parte las entidades gubernamentales para fortalecer la prevención y lucha contra la corrupción.
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