El español Josep Ruiz Boque, representante legal de Inypsa, llegó a Piura para explicar los detalles acerca del contrato que el Consorcio Inundaciones Piura firmó con el Gobierno Regional Piura en diciembre del año pasado y que fue anulado hace unos días.

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Los estudios que Inundaciones Piura iba a realizar significaban un avance en la solución a la problemática que la ciudad padece: las lluvias e inundaciones. El plan integral comprende un manejo en la información sobre los movimientos de masas y una estrategia maestra acerca del drenaje pluvial de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

Cronología

  • 14 de diciembre de 2018: A través del Proyecto Especial Hidroenergético e Irrigación del Alto Piura (PEIHAP), el Gobierno Regional de Piura firmó el contrato con el Consorcio Inundaciones Piura con el objetivo de llevar a cabo el “Plan integral para el control de inundaciones y movimientos de masas y Plan de drenaje pluvial del área de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre”, valorizado en 17.5 millones de soles.
  • 19 de febrero de 2019: El Gobierno Regional de Piura decidió anular el contrato debido a que había hallado “datos falsos” en la dirección que el consorcio presentó, lo que desató el temor de que se tratase de un grupo de empresas que lucrara con el dinero adelantado.

Frente a este panorama, Josep Ruiz Boque indicó que la dirección que aparece en el contrato figuraba únicamente para recibir correspondencia, ya que el domicilio legal es de Lima y sí aparece en el contrato.

“El Peihap sabía perfectamente cuál era nuestro domicilio legal ubicado en Lima y nuestro domicilio exclusivo para recibir notificaciones (Los Médanos), por tanto, el consorcio no ha cometido infracción alguna”

  • 21 de febrero de 2019: Se confirmó el pago de 2.3 millones de soles por parte del gobierno de Servando García, así como la preocupación por recuperar el dinero entregado.

El Peihap insiste en que se devuelva el adelanto de s/2 316 850.32 soles cuando el plazo aún no se ha vencido.

  • 22 de febrero de 2019: El consorcio español aseguró que agotaría todas acciones legales y administrativas posibles porque la nulidad debió emitirla el gobernador y no un gerente.

El representante legal mencionó: “Instamos a los funcionarios del Peihap a cesar este tipo de arbitrariedades que no generen serios perjuicios al consorcio y a la población de la región Piura”.

Durante este mismo día, el abogado Josep Ruiz denunció que el Peihap ejecutó indebidamente una de las cartas fianzas por un monto de S/1 158 426 soles, puesto que el mismo Peihap les envió una carta, con fecha 18 de febrero, otorgándoles un plazo de 10 días para que devuelva el adelanto de S/2 316  850.32 , plazo que aún no se ha vencido.

Frente a este escenario, Ruiz Boque también expresó: “Es como si aquí se quisiese hacer todo diferente al resto del país, pero lo cierto es que no se sabe si se quiere hacer mejor o si se va a hacer mucho peor”.

Además recalcó que “la actual gestión no ha priorizado esta actividad ni el arranque de nuestro contrato”. 

Es así que, según explicó el representante, la anulación del contrato por parte del Gobierno Regional Piura ha provocado la dilatación en las soluciones y beneficios que Piura podría haber recibido tras la prestación de los servicios del consorcio.

Esclarecimientos finales

En el comunicado final que el representante dio a conocer se detalla que nunca existió falsedad alguna con respecto a la declaración de domicilio, que el proceso de nulidad fue declarado por un funcionario que no tenía competencias para efectuar dicho acto administrativo y que el dinero se ha solicitado en un plazo menor al que la norma comprende.

Finalmente, el representante del consorcio aseguró que existe una prueba que avala la intención de ejecutar correctamente la obra en favor de Piura: la reputación internacional formada por las buenas prácticas en el rubro de servicio.

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