El Congreso de la República promulgó por insistencia la Ley N.° 32581, que incrementa la pensión de docentes jubilados y cesantes. De esta manera, su sueldo se igualará con el sueldo base de la carrera pública magisterial. La medida fija como referencia la remuneración íntegra mensual (RIM) de la primera escala, actualmente en alrededor de S/3.500. De esta manera, se marca un aumento significativo frente a los montos vigentes.
¿En qué consiste la nueva ley para docentes jubilados?
La norma establece que los maestros retirados recibirán una pensión equivalente al salario básico de un docente en actividad ubicado en la primera escala magisterial. Este monto será definido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en coordinación con el Ministerio de Educación. Este pago se ajustará cada vez que varíe la RIM.
El beneficio alcanza a profesores de educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva; se incluyen a todos los regímenes previsionales como los decretos ley 19990 y 20530, la Ley de Reforma Magisterial (29944) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP).
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El Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 90 días para reglamentar la aplicación de la ley.
Consejo Fiscal alerta sobre impacto de S/8.000 millones
Pese a su aprobación, la medida ha generado fuertes cuestionamientos técnicos. El Consejo Fiscal advirtió que la norma podría representar un costo anual de hasta S/8.000 millones para el tesoro público, incluso mayor al estimado inicial.
Según el organismo, el mecanismo de actualización automática de las pensiones, sumado a los aumentos salariales de docentes activos, podría generar un esquema similar a la “cédula viva”. Esto, señalan, afectaría la sostenibilidad del sistema previsional y contravendría principios constitucionales.
MEF cuestiona legalidad y equidad del incremento
El Ministerio de Economía y Finanzas también había observado la autógrafa antes de su promulgación. Entre sus principales objeciones figura que el Congreso no tiene iniciativa para generar gasto público. Asimismo, advirtieron posibles distorsiones en la equidad del sistema de pensiones.
Actualmente, los docentes jubilados bajo el régimen del Decreto Ley 19990, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), reciben pensiones que oscilan entre S/500 y S/1.000, según sus aportes. Con la nueva ley, este grupo pasaría a recibir montos muy superiores financiados por un fondo común, lo que, según el MEF, generaría inequidad frente a otros trabajadores que mantienen el tope de S/1.000.
Asimismo, el ministerio señala que la medida rompe la relación entre aportes y beneficios, al otorgar pensiones basadas en la totalidad de la remuneración magisterial, pese a que las contribuciones se calcularon sobre una fracción de esta.
Dudas sobre su aplicación en el sistema privado
En el caso de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (AFP), el MEF advierte que establecer una pensión fija resulta inviable, ya que el monto depende del ahorro individual acumulado. Además, recuerda que muchos docentes realizaron retiros extraordinarios de sus fondos en los últimos años, lo que limita la posibilidad de garantizar una pensión uniforme de S/3.500.
