El Congreso de la República aprobó con amplia mayoría el Proyecto de Ley 3464, que busca eliminar el uso indebido del lenguaje inclusivo en textos escolares y documentos públicos. Esta decisión, tomada con 73 votos a favor, representa un cambio significativo en las normativas lingüísticas del país.
Origen y motivación del proyecto
La iniciativa surge como respuesta al lenguaje inclusivo introducido en el año 2007 mediante la Ley 28983, que ha suscitado preocupaciones sobre su impacto negativo en la educación y la complicación del aprendizaje de los estudiantes. La congresista Jáuregui subrayó que el país ha obtenido resultados deficientes en evaluaciones como PISA, y el mal uso del lenguaje podría contribuir a un mayor retraso en la formación de la niñez y la adolescencia.
Objetivo y repercusiones de la nueva ley
El objetivo principal de la ley es promover la expresión adecuada según las pautas de la Real Academia Española (RAE), tanto para estudiantes como para funcionarios públicos. Con su implementación, se espera eliminar las directrices de lenguaje inclusivo en entidades públicas y adaptar los textos escolares de acuerdo con los estándares educativos.
Significado y contraste con el lenguaje inclusivo
El lenguaje inclusivo, definido por Naciones Unidas, busca evitar la discriminación por género o identidad de género en la comunicación. Esto implica utilizar términos que no se limiten al binarismo hombre-mujer y reconozcan identidades no binarias. Se propone una comunicación que abarque un espectro más amplio de personas, sin distinciones de género.
El empleo de un lenguaje inclusivo, según el organismo internacional, es crucial para fomentar la igualdad de género y combatir los prejuicios sociales. Más allá de simples cambios gramaticales, implica un enfoque clave para promover actitudes más equitativas en la sociedad.