El exjuez César Hinostroza se opuso hoy en la Audiencia Nacional a ser extraditado a Perú, donde se le acusa de corrupción, porque es objeto de una persecución política, la condena a la que se enfrenta «es una pena de muerte» y además salió del país porque temía por su vida tras haber recibido amenazas.
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Hinostroza expuso estos argumentos para rechazar su entrega a Perú en una vista en la que el fiscal español apoyó la extradición, al negar esa persecución política ni tampoco que en su país de origen se vayan a vulnerar sus derechos fundamentales.
El fiscal español, Carlos García, negó este argumento, ya que el delito del que se acusa al exjuez «no es político ni fruto de una persecución política».
Hinostroza está en prisión en España desde su detención en octubre en Madrid tras darse a la fuga cuando estaba siendo investigado en su país por liderar una trama de corrupción en la judicatura.
La Audiencia Nacional acordó el pasado 13 de marzo mantenerle en prisión preventiva sin fianza al rechazar el recurso contra su ingreso en prisión, acordado el 19 de octubre por el magistrado español José de la Mata a la espera de que se resolviera la extradición.
Se le imputan hechos análogos a los de «negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y organización criminal», con lo que se cumple el requisito de la doble incriminación que exige el procedimiento de extradición, según la Audiencia Nacional española.
Hinostroza, que fue localizado en Madrid tras pedir asilo en España (circunstancia que según el tribunal tampoco impide continuar con el procedimiento de extradición), tenía prohibida la salida de su país y abandonó presuntamente Perú por la frontera con Ecuador, provocando su fuga la dimisión del ministro peruano del Interior, Mauro Medina.
El exjuez presidió la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú y era el juez de mayor entidad de «Los cuellos blancos del puerto», como se conocía a una amplia red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que también participaban políticos y empresarios, según la reclamación.
El caso provocó la destitución por completo del Consejo Nacional de la Magistratura y de gran parte de los jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao.
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