En la audiencia para evaluar la solicitud de detención domiciliaria en el caso Pativilca, el expresidente Alberto Fujimori afirmó como parte de su defensa ante la petición fiscal que «podría morir en forma súbita» debido a las múltiples enfermedades que padece.
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Alberto Fujimori: «detención domiciliaria acortaría mi vida»
A través de la plataforma de X, el expresidente expresó lo siguiente: «Una detención domiciliaria sería un camino directo al deterioro de mi salud y al acortamiento de mi vida. Al agravamiento de mi fibrilación auricular y mi fibrosis pulmonar. Esto es contrario a los principios constitucionales de respeto a la vida y la salud.»
Una detención domiciliaria sería un camino directo al deterioro de mi salud y al acortamiento de mi vida. Al agravamiento de mi fibrilación auricular y mi fibrosis pulmonar. Esto es contrario a los principios constitucionales de respeto a la vida y la salud. pic.twitter.com/jNykJKpFN6
— Alberto Fujimori Fujimori (@albertofujimori) January 31, 2024
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Niega una posible fuga
La Fiscalía ha solicitado el cambio de la comparecencia simple por detención domiciliaria para Alberto Fujimori, argumentando el riesgo de fuga. A pesar de esto, el expresidente ha negado rotundamente que tenga intenciones de evadir la justicia, ya que depende de oxígeno desde hace 3 años.
“Por lo menos debo estar con oxigeno 12 horas al día. ¿Con un balón de oxígeno voy a tomar un avión y me voy a fugar? Sería una locura”, cuestionó Fujimori.
El expresidente argumentó que la medicación que necesita, con un costo mensual de 24 mil soles, debe mantenerse refrigerada para conservar su efectividad.
Caso Pativilca y su relación con Alberto Fujimori
Según la posición sostenida por el fiscal Luis Landa Burgos, el caso se enmarca en una política antiterrorista del Estado que se aprobó e implementó por Alberto Fujimori al inicio de su gobierno. Esta política fue «diseñada y ejecutada» por el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien actualmente también se encuentra encarcelado.
Como resultado se obtuvo una serie de violaciones de derechos humanos, las cuales fueron planificadas y organizadas desde las instituciones pertenecientes al Poder Ejecutivo, así como en la formación, en 1991, de un grupo de agentes de inteligencia del Ejército conocido como «Destacamento Colina«.
Según la fiscalía, este grupo paramilitar de represión clandestina llevó a cabo «acciones paralelas e ilegales para enfrentar a quienes se consideraba vinculados a organizaciones terroristas (Sendero Luminoso y/o MRTA); sin embargo, en muchas ocasiones se afectó a personas que, en realidad, no tenían ninguna relación con actividades terroristas».
Por lo tanto, la fiscalía atribuye al grupo Colina el asesinato, el 28 de enero de 1992, de seis comuneros en la pampa San José y Caraqueño, en el distrito de Pativilca (Barranca): Jhon Calderón Ríos, César Rodríguez Esquivel, Toribio Ortiz Aponte, Pedro Agüero Rivera, Nieves Arias Velásquez y Felandro Castillo Manrique.
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