Pablo Javier Girón Gómez, exasesor legal de la Municipalidad de Castilla y sentenciado a seis años de prisión efectiva, laboraba hasta hace poco en el Municipio de Máncora, en Talara.
El abogado está implicado en el caso H&B por presuntamente haber emitido un informe que otorgaba un adelanto de 5 millones de soles a la empresa encargada de ejecutar la obra que daría agua y desagüe a 14 asentamientos castellanos.
Girón Gómez ha recibido la misma sentencia que la exalcaldesa de Castilla, Violeta Ruesta, acusados ambos de haber cometido el delito de colusión grave en perjuicio del Estado.
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Se conoció que el letrado abandonó sus funciones en la comuna mancoreña desde el pasado 6 de junio, fecha en que fue condenado a seis años de cárcel junto a otros cinco funcionarios de la gestión edil de Violeta Ruesta.
Según el comunicador Humberto Sullón, los mancoreños han expresado su preocupación por la presencia de Pablo Girón en el municipio, pues era el «brazo derecho» del actual alcalde de ese distrito talareño, Florencio Olibos Olibos.
Los diversos sectores civiles de Máncora pedirían a la Contraloría de la República una auditoria especial en obras tales como la construcción del mercado de abastos.
