La candidata al Congreso por Renovación Popular con el número seis en Piura, Carolina Calambrogio, presentó sus principales propuestas legislativas en el programa Tú decides, alianza informativa entre Walac Noticias e Infomercado. Durante la entrevista, defendió la Constitución de 1993, respaldó la propuesta de trasladar la capital a Junín y anunció que impulsará sanciones contra autoridades que no cumplan metas mínimas de ejecución presupuestal.
Calambrogio, economista y productora agrícola, sostuvo que el país necesita “orden y eficiencia” en la gestión pública, así como decisiones firmes frente a la inseguridad y la protección de menores.
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Propone inhabilitar a autoridades que no cumplan metas de inversión pública
Uno de los anuncios más concretos fue su propuesta de ley para sancionar a gobernadores y alcaldes que no ejecuten adecuadamente el presupuesto asignado.
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La candidata planteó que toda autoridad regional o municipal que no alcance al menos el 80 % de ejecución presupuestal y registre obras paralizadas pueda ser inhabilitada para postular nuevamente a cualquier cargo público.
“Todo presidente regional o alcalde que no alcance al menos el 80 % de la ejecución de su presupuesto y tenga dos obras paralizadas debería ser sancionado con la inhabilitación”, afirmó.
Según explicó, el primer año de gestión no sería considerado para la evaluación, pero desde el segundo al cuarto año se establecería un piso mínimo anual. La sanción sería la inhabilitación para postular a cargos del gobierno nacional o subnacional.
Calambrogio también cuestionó la composición del gasto público regional, señalando que en algunos casos el mayor porcentaje se destina a gasto corriente y no a inversión en infraestructura.
Defensa de la Constitución y traslado de la capital a Junín
En materia constitucional, defendió el capítulo económico de la Carta Magna de 1993 y sostuvo que ha permitido estabilidad monetaria pese a la crisis política de los últimos años.
“La Constitución del 93 tiene un capítulo económico muy importante (…) nos ha permitido la independización del tema monetario a través del BCR”, indicó.
No obstante, señaló que sí podrían impulsarse modificaciones puntuales, entre ellas la propuesta del líder de su partido, Rafael López Aliaga, de trasladar la capital del país de Lima a Junín.
Calambrogio sostuvo que esta medida permitiría descentralizar la inversión y promover infraestructura en la sierra central. Estimó que el cambio requeriría aprobación en ambas cámaras del Congreso y posterior ejecución.
Sobre el modelo económico, señaló que su agrupación apuesta por atraer inversión extranjera sin depender de una sola potencia. “Que vengan todas las inversiones, tanto de China como de Estados Unidos”, afirmó.
Cadena perpetua para violadores de menores y evaluación de disolver el INPE
En seguridad ciudadana, la candidata respaldó la cadena perpetua para violadores de menores y sostuvo que su aprobación depende de voluntad política en el Congreso.
“No podemos tener leyes tan laxas que dejen libres a estos sujetos”, expresó.
Asimismo, consideró que debe evaluarse la reorganización del sistema penitenciario. Ante la posibilidad de disolver el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), indicó que no le parece una propuesta “descabellada”, aunque sostuvo que debería analizarse técnicamente.
También respaldó la iniciativa de su bancada para crear penales de alta seguridad en zonas alejadas, sin señal telefónica, destinados a extorsionadores y criminales de alta peligrosidad.
Ampliación de la frontera agrícola y decisión ciudadana sobre proyectos mineros
En el ámbito productivo, propuso impulsar la ampliación de la frontera agrícola mediante el destrabe de proyectos hídricos como nuevas represas y reservorios.
Reconoció que el Congreso no ejecuta obras, pero puede priorizar proyectos, promover marcos normativos y facilitar mecanismos como obras por impuestos y acuerdos gobierno a gobierno.
Respecto a los proyectos mineros en Piura, sostuvo que su postura será respetar la decisión de la población local. En el caso de Tambogrande, señaló que lo que determine la ciudadanía deberá ser respaldado por las autoridades.
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