La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Fiscalía, detuvo a 27 personas presuntamente vinculadas a la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, dedicada a la extorsión y sicariato. Entre los capturados figura Martina Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, quien actualmente se encuentra prófugo en el extranjero.
El general Marco Antonio Conde, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), informó que la intervención se realizó desde las 3:00 a. m. en más de 40 inmuebles y un establecimiento penitenciario, ubicados en diferentes distritos de Lima, Callao e Ica.
Martina Hernández fue intervenida en su domicilio, en la ciudad de Ica, en posesión de material explosivo y dinero en efectivo. Según las autoridades, el dinero hallado estaría vinculado a actividades extorsivas. Además, se investiga si la detenida enviaba fondos a su hijo fuera del país.
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Red criminal habría generado más de cinco millones de soles
El general Conde señaló que esta acción representa un golpe significativo a la estructura armada y económica de “Los Injertos del Cono Norte”. La organización habría acumulado más de cinco millones de soles producto de actividades delictivas.
Durante el operativo, también fue detenido un agente policial en actividad, en cuya posesión se halló un arma de fuego sin número de serie y municiones. De acuerdo con las investigaciones, este efectivo habría colaborado con la organización proporcionando armamento e información.
Asimismo, la trazabilidad del dinero permitió identificar a los responsables de gestionar los envíos de remesas a “El Monstruo” y sus allegados a través de empresas especializadas. Una de las principales operadoras financieras, Klenz Bados Neira, actualmente interna en el penal de Santa Mónica, habría canalizado cerca de dos millones de soles utilizando intermediarios extranjeros.
Las autoridades indicaron que las actividades criminales de esta organización se desarrollaban principalmente en los distritos de Ancón y Puente Piedra, donde presuntamente extorsionaban a empresarios, microempresarios, transportistas y conductores informales mediante amenazas, mensajes, audios y videos. En caso de no cumplir con los pagos exigidos, las víctimas eran asesinadas por integrantes de la red.
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