La Cámara de Comercio y Producción de Piura se manifestó con respecto a algunos proyectos de ley, presentados por el Parlamento.

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En ese sentido cuestionó los siguientes proyectos legislativos, debido a que, según afirma, representan un grave riesgo para la economía nacional:

  • N° 5279/2020-CR “Proyecto de Ley de condonación por caso fortuito y fuerza mayor de intereses en los servicios públicos, servicios masivos, créditos de consumo, bancarios, en instituciones financieras y en establecimientos comerciales, con tarjeta de crédito por el COVID- 19”.
  • Proyecto de Ley N° 5236/2020-CR “Ley que regula las tasas de interés, comisiones y gastos de créditos de consumo, en el marco del COVID-19”
  • Proyecto de Ley Nº 5250/2020-CR “Ley contra la usura en el Sistema Financiero”.

Actuar con responsabilidad 

En ese sentido, la Camco pidió actuar con máxima responsabilidad y seriedad al presentar propuestas legislativas. Además de “evitar caer en la tentación del populismo, que sólo contribuye a generar más pobreza”.

Foto: Carlos Chunga.

Asimismo, hizo hincapié que, en el año 2019, el índice de pobreza monetaria afectó al 20.2% de la población, según el INEI, y se estima que la pandemia del COVID-19 la elevaría al 30%. “En la coyuntura actual, necesitamos medidas que impulsen la reactivación económica”.

Riesgo empresarial

Por otro lado, alertó que dichos proyectos de ley ponen en riesgo, especialmente, a las Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYMEs).

Así como a las entidades financieras dedicadas a las microfinanzas, tales como las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs) y Financieras especializadas. Las mismas que atienden especialmente a la pequeña empresa y al sector informal, cuyo rol es clave para la inclusión financiera, la inclusión social y el desarrollo integral de nuestro país.

Estabilidad financiera

Desestimar proyectos

Por todo ello, recomendó desestimar los proyectos mencionados, a fin de actuar en concordancia con las medidas que el Ejecutivo y la SBS han venido realizando para “preservar la estabilidad del sistema financiero, y asegurar el funcionamiento del mercado y el cumplimiento de las funciones de las entidades financieras”.

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