El Gobierno de Jair Bolsonaro autorizó este jueves el uso de las Fuerzas Armadas en la frontera entre Brasil y Perú. Esto para frenar el ingreso de migrantes extranjeros, en su mayoría haitianos impedidos de ingresar al país vecino por la pandemia del covid-19.
En ese sentido, las Fuerzas Nacionales apoyarán a las autoridades locales «en las actividades de bloqueo excepcional y temporal del ingreso de extranjeros al país, de manera episódica y planificada». Así lo establece el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Dicha medida busca ayudar a contener la llegada de migrantes al pequeño municipio fronterizo de Assis. Lugar en el que llevan varados al menos 500 extranjeros, en su mayoría haitianos, provenientes de diferentes regiones de Brasil.
Asimismo, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública indicó que la norma se extenderá por sesenta días; sin embargo, puede prorrogarse.
No da para más
El municipio de Assis, ubicado en el estado de Acre y con cerca de 8000 habitantes, está al borde del colapso. Ya que no cuenta con la logística necesaria para atender a los migrantes y tampoco para contener las aglomeraciones y evitar la propagación de la covid-19.
La Alcaldía municipal sostuvo que el grupo que inicialmente era de 350 extranjeros subió la a 500. Esto debido a la llegada de más migrantes desde diferentes regiones de Brasil, que buscan cruzar el país andino y marchar rumbo a Estados Unidos o Canadá, donde aspiran encontrar una oportunidad laboral y establecerse.
Según la Alcaldía, la mayoría de los extranjeros, incluidos mujeres y niños, están en albergues y hoteles. Sin embargo, la capacidad se copó y por eso pidió ayuda a los gobiernos regional y federal.
Impedidos
El pasado martes, los migrantes que estaban acampados en el Puente de la Integración (Brasil) intentaron adentrarse en la región selvática de Madre de Dios (Perú); pero, fueron impedidos por las autoridades del país vecino.
Entre incidentes que se saldaron con cargas policiales, disparos de gases lacrimógenos y empujones, la Policía peruana devolvió a gran parte de los migrantes, en su mayoría haitianos. Asimismo, habían ciudadanos de países africanos como Sierra Leona, Senegal y Costa de Marfil.
Ese mismo día, el gobernador de Acre, Gladson Cameli, decretó la situación de emergencia en el estado, ya que, además del problema migratorio, el estado enfrenta un brote de dengue, inundaciones por las altas crecientes de los ríos y falta de camas para atender a pacientes con la covid-19.
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