La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECCOR) de Piura realizó un operativo de verificación de bloqueadores de señal en el penal de varones de la ciudad. Esta acción forma parte de las medidas preventivas contra la criminalidad organizada. El objetivo fue comprobar la correcta instalación y funcionamiento de los equipos que restringen las comunicaciones ilícitas dentro del establecimiento penitenciario.
Operativo de supervisión en el penal de Piura
El operativo denominado “Supervisión, verificación y monitoreo de la implementación de los bloqueadores de señal” fue ejecutado por el Equipo 3 de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada. La diligencia se realizó en el Establecimiento Penitenciario de Varones de Piura, conocido como Ex Río Seco. Esta acción cumplió con las disposiciones emitidas por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Piura.
El fiscal provincial Luigi Anthonino Ginocchio Zapata lideró la intervención junto con los fiscales adjuntos Edwin Heinz Berrú Domínguez y Nidia Quinde Melendres. En el operativo participaron efectivos de la DIVINCRI PNP Piura y representantes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes verificaron el funcionamiento técnico de los equipos instalados.
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Verificación técnica de los bloqueadores de señal
Durante la supervisión se comprobó la instalación de seis antenas bloqueadoras de señal telefónica, las cuales se encuentran en periodo de prueba. Las verificaciones realizadas confirmaron la ausencia de cobertura móvil en las áreas internas del penal. Además, se constató la instalación de teléfonos públicos controlados, destinados al uso de los internos bajo un sistema de registro personal que permite garantizar la trazabilidad de las comunicaciones.
La puesta en funcionamiento permanente de los bloqueadores está programada para el 4 de noviembre de 2025, tras la evaluación técnica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La medida forma parte de las estrategias impulsadas por la FECCOR Piura para impedir las operaciones delictivas desde los establecimientos penitenciarios y reforzar la coordinación interinstitucional en la lucha contra la criminalidad organizada.
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