El pedido de archivo del Caso Cocteles presentado por Keiko Fujimori volvió a colocar el proceso judicial en el centro del debate legal. Durante una audiencia dirigida por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, se analizaron los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el caso. Mientras la defensa solicita su ejecución inmediata, la fiscalía cuestiona su legalidad y plantea que el Poder Judicial no tendría competencia para disponer el archivo definitivo.
Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Caso Cocteles
El juez Wilson Verástegui dirigió la audiencia para definir la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en octubre. En ese fallo, el TC declaró fundado un habeas corpus presentado por Keiko Fujimori. Además, el tribunal sostuvo que los hechos investigados no configuraban los delitos de organización criminal ni lavado de activos al momento de su comisión.
Por mayoría, el Tribunal anuló la acusación fiscal, la etapa intermedia y las investigaciones preliminares realizadas entre 2015 y 2017. En consecuencia, los coacusados solicitaron que el fallo también sea aplicado a sus procesos, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
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Fiscalía cuestiona la competencia para archivar el proceso
Durante la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, sostuvo que la sentencia del TC presenta vicios graves y no debería ser ejecutada. Según explicó, el fallo se sustentó en una premisa incorrecta al señalar que la imputación fiscal correspondía a la modalidad de receptación, cuando —precisó— la acusación se basó en la modalidad de conversión.
Asimismo, indicó que, de aplicarse la sentencia, el Poder Judicial no tendría competencia para ordenar el archivo del caso. Según su posición, al anularse la formalización de la investigación preparatoria, la decisión sobre un eventual archivo correspondería exclusivamente al Ministerio Público.
La procuradora María Camus Dávila coincidió con este planteamiento y señaló que la imputación fiscal se ajustaba al marco legal vigente durante el periodo investigado.
Defensa legal exige aplicación inmediata del fallo
Por su parte, la abogada Giulliana Loza solicitó que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional al considerarla firme y vinculante. En su intervención, afirmó que el fallo estableció la inviabilidad de la imputación penal y, por tanto, puso fin al proceso judicial de manera definitiva.
Otros abogados de los coacusados respaldaron esta posición y señalaron que el TC ya determinó que los hechos imputados no constituían delito al momento de su comisión. En ese sentido, solicitaron que el archivo sea dispuesto también a favor de sus patrocinados, invocando el principio de legalidad y el respeto al estado de derecho.
El juez Verástegui anunció que su decisión será notificada en los próximos días, luego de que la fiscalía precise los hechos atribuidos a cada acusado.
