La Comisión de Ética rechazó, en su última sesión, la denuncia contra del presidente del Congreso, Manuel Merino, por los contratos que vinculan a tres de sus familiares con el Estado. Esto mientras se desempeñaba como parlamentario entre los años 2011 y 2016.
La denuncia presentada contra Merino por los contratos a sus familiares, fue considerada por la Comisión, como hechos no realizados por el legislador y mencionó que “no tiene competencia para pronunciarse”, siendo declarada improcedente por unanimidad.
“En consecuencia, de la evaluación de la denuncia periodística y los descargos presentados, se puede concluir que no se ha infringido ninguno de los principios éticos contenidos en el CÓDIGO. Tampoco los deberes de conducta, establecidos en el artículo 4 del CÓDIGO”. Es lo que se lee en el extracto del informe de calificación obtenido, y publicado por La República.
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Denuncia contra Alarcón
Por otro lado, el grupo de trabajo declaró procedente la denuncia interpuesta al congresista Edgar Alarcón. En esta se se le culpa de solicitar las hojas de vida de los auditores, que elaboraron el informe sobre sus declaraciones juradas.
Según el informe de calificación, este acto se cometió tras la advertencia de la Contraloría, a finales de junio, por las irregularidades presentadas en dichas declaraciones.
Para la aprobación de la denuncia contra Alarcón, se tuvo cinco votos a favor y una sola abstención de la congresista María Bartolo Romero. La misma que forma parte del mismo partido político de Alarcón.
Espionaje de Alarcón
Un exagente identificado con las iniciales M.A.E.R. indicó que el capitán del Ejército en retiro Alejandro Alarco, una persona vinculada al espionaje, estuvo 13 veces en la sede principal de la Contraloría entre el 2016 y 2017. Esto justo cuando Edgar Alarcón ejerció como vicecontralor y contralor general.
Según La República, en al menos 6 de estas ocasiones, este exagente manifestó que se dirigía al despacho de Alarcón, para entregarle documentos.
Según el exagente, quien está dispuesto a ratificar estos hechos ante las autoridades, en la primera mitad del 2017, el capitán Alarco lo contrató para que se infiltrara en los despachos de los fiscales Zoila Sueno y Reynaldo Abia.
Ambos están siguiendo los casos en contra de Edgar Alarcón. Sueno tiene a cargo el procedimiento administrativo que hizo Alarcón en beneficio de sus hijos. Mientras que Abia escudriña la adquisición de parte de Alarcón de 90 autos durante su periodo en la Contraloría.
