Los peruanos terminaban el Viernes Santo enterándose de la noticia sobre el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte por parte de la Fiscalía de la Nación y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC). El operativo se llevó a cabo en la casa de la mandataria en el distrito de Surquillo por el caso Rolex.
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Frente a este contexto, surge la duda entre la población si el allanamiento a la vivienda de la jefa de Estado es legal, si es una medida desproporcionada y qué consecuencias traería para el futuro para Boluarte.
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Para el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, el allanamiento tiene una orden legítima y fundamentada. A su juicio, el operativo se realizó para encontrar medios probatorios para oficializar las investigaciones en contra de la máxima autoridad.
“Ella no puede ser arrestada, pero los bienes sí pueden ser incautados. E incluso pueden levantar el secreto bancario, personal y el secreto de sus comunicaciones personales”, explicó el letrado a Infobae.
Allanamiento a la casa de Dina Boluarte: ¿La presidenta puede ser vacada?
Con respecto a una posible vacancia, Quiroga mencionó que esa labor le corresponde al Congreso de la República. Dependerá de la votación de los legisladores para su retiro del cargo. Además, calificó como un tema más “político”.
El abogado mencionó que la presidenta sí puede ser investigada durante su mandato, tal y como pasó con Pedro Castillo. Sin embargo, mientras sea presidenta del Perú solo puede ser acusada por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso e impedir su funcionamiento.
En ese sentido, explicó que para que Boluarte vaya a la cárcel de forma definitiva o preventiva, no debe ostentar el cargo de presidenta.
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